Gonzalo Ruiz

CIDH, escenario incómodo

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Se trata de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos. Es un alto y respetado foro de la defensa de los más elementales principios de convivencia civilizada.

Esta semana la Comisión, los comisionados, recibieron un nuevo y acre desaire de las autoridades ecuatorianas. Es una pena.

La historia recuerda que la Comisión jugó un rol fundamental para revelar y denunciar ‘ urbi et orbi’ las atrocidades de las dictaduras militares del Cono Sur en las décadas de los setenta del siglo pasado.

La CIDH organizó una misión para visitar ‘in situ’ Argentina. Su informe fue contundente y está en los anales del derecho universal para defender el valor superior de la vida y aquel otro importante de la dignidad humana pisoteadas por la dictadura.

Para el caso ecuatoriano, la CIDH acompañó con interés, profundidad y altura los graves episodios de afectación a la libertad de expresión y los ataques gubernamentales sufridos durante todos estos años donde el protagonista político ha sido el Régimen.

Ahora y como continuidad de esa línea firme y clara de conducta se espera que el Relator para la Libertad de Expresión, Édison Lanza, que sucede a Catalina Botero, cumpla, como lo acredita su atildado propósito y su limpia hoja de vida. La libre expresión de la gente, en buena medida depende de la fina mirada de su ojo vigilante.

Pero la labor de la CIDH no empieza ni termina en la Relatoría para la Libertad de Expresión. Su acción se extiende a la defensa de los sectores marginados que han recibido el pisotón del poder, de los pueblos ancestrales tan invocados en discursos, murales y poemas, pero tan vilipendiados históricamente, de las frágiles situaciones de mujeres, niños , en suma de los ciudadanos indefensos ante los poderes públicos.

Esta semana el 153° período de sesiones de la Comisión se dio cita para escuchar.

La delegación ecuatoriana fue nutrida y pasaba por actores sociales fundamentales.

Allí estuvieron dirigentes indígenas y abogados, colectivos que defendieron, como antes lo hizo el gobierno de Rafael Correa, la permanencia del petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, entre varios otros expositores.

El Estado -o el Gobierno, su representante- dejó la mesa vacía. La dinámica de las sesiones es clara y se restringe a breves exposiciones de los ponentes y a réplicas de los delegados gubernamentales que han preferido desairar a la CIDH.

Molesta, al parecer sobremanera, al poder político que gobierna nuestro país, que la sede de la CIDH sea en Washington.

El evidente fracaso de la iniciativa diplomática ecuatoriana de propender a desbaratar al Sistema Interamericano para los Derechos Humanos con las peticiones ante las citas de la Organización de Estados Americanos, OEA, no se asimila y resiente. Esa postura no parece racional ni meditada sino caprichosa. Alejarse del sistema no borra los episodios que, gracias a la CIDH, el mundo conoce y sobre los cuales opina y se forma su criterio libre.