Farith Simon

Pena de muerte

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Un 25 de diciembre con pocas razones para celebrar, un día en que la sociedad celebra las risas de niños y niñas no podemos dejar de pensar en la violenta y dolorosa muerte de Emilia Benavides, que se suma a la de varias niñas y adolescentes en este año. Una muerte recordatoria de la situación de vulnerabilidad en la que viven las mujeres en nuestra sociedad, quienes son tratadas como objetos, expuestas a la violencia machista, al acoso y el abuso sexual. Crímenes atroces que nos desgarran como sociedad, nos indignan, indignación que se convierte en odio y el odio trae sentimientos de venganza.

A muchas personas les parece poco que los culpables sean probablemente condenados hasta con 40 años de privación de la libertad, al parecer les gustaría que el derecho penal sea usado para provocar dolor y así retribuir en alguna medida el sufrimiento que el victimario provocó. Esta irritación colectiva ha hecho que la reacción de los progenitores de Emilia, pidiendo justicia y no venganza, sea mirada con una desconfianza injustificada, cuando en medio del dolor es una expresión de dignidad y entereza, un ejemplo de un envidiable sentido de humanidad.

No debe extrañarnos que una parte de la sociedad quiera que el derecho sea un instrumento de venganza o que se alegraran por la muerte del asesino confeso (que revela una increíble negligencia de parte de las autoridades), es entendible, es nuestra naturaleza humana.

Lo reprochable es la actitud de algunos políticos que quieren sacar provecho del dolor y la indignación para ganar algo de popularidad con la demagogia del endurecimiento de penas; pidiendo la pena de muerte o la cadena perpetua, a sabiendas de que penas más duras no tienen impacto alguno en la reducción de los delitos. Olvidan que, desde el regreso a la democracia, hemos pasado de una pena máxima de 16 a una de 40 años, que no se ha traducido en una baja de la criminalidad.

No se puede reimplantar la pena de muerte porque somos suscriptores, desde 1998, del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que determina la abolición de tal castigo; tampoco puede aprobarse la cadena perpetua porque contradice la finalidad del sistema penal, que de acuerdo a la Constitución es la rehabilitación de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad. Claramente tenemos políticos que, además de populistas, ignoran la información básica disponible.

La simplificación de problemas complejos lleva -a mediano plazo- al agravamiento de la situación que se busca enfrentar. Las penas, y en general el derecho, son piezas menores para enfrentar la violencia y lograr avances en cuanto a derechos humanos. El mejor homenaje a la vida de Emilia, y todas las víctimas de estos delitos, es redoblar esfuerzos en la lucha contra la violencia, en particular contra los mujeres y los más pequeños, sin dejarnos llevar por miradas de aquellos populistas que confunden cambio del derecho con cambio de la realidad.