Farith Simon

Expropiar la libertad

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La declaración de Guillaume Long, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento Alianza País y ministro de Conocimiento y Talento Humano, en el acto de inauguración del “Encuentro Latinoamericano Progresista” (ELAP) 2014, puede ser analizada desde diferentes perspectivas. Sus palabras exactas: “…Resulta además imperativo expropiarle a la derecha ese monopolio del uso de la palabra ‘libertad’, debemos defender el concepto de libertad como emancipación, fruto de la igualdad […] de la inclusión, del contrato social, y no de las libertades negativas, que defienden ellos (…)”. Desde una visión de derechos humanos esto es una vuelta al pasado, a la época en que se enfrentaban como visiones incompatibles la perspectiva liberal y la socialista, o como Bobbio explica, a la idea de que las diferentes clases de derechos son excluyentes, por tanto no podrían respetarse y garantizarse simultáneamente y debería elegirse unos derechos y desechar otros.

El respeto a la libertades se lograría en desmedro de los derechos sociales, de acuerdo con esta lógica, un Estado que las respete sería esencialmente injusto, desigual. Lo contrario, garantizar los derechos sociales, se haría restringiendo las libertades en su noción negativa, es decir como inmunidades frente al poder: una sociedad igualitaria en cuanto al acceso de ciertas prestaciones con libertades limitadas.

Estas posiciones reproducen las pugnas que alrededor de la comprensión de los derechos se escenificaron con intensidad en el siglo pasado, una disputa que se creyó zanjada a partir de la adopción de la Declaración y Programa de Acción de Viena en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos realizada en el año 1993, en la que se reconoce a los derechos humanos como “universales, indivisibles e interdependientes y … relacionados entre sí”.

La declaración del Dr. Long no puede considerarse como un mero recurso retórico intrascendente o, por las calificaciones académicas del emisor, un error discursivo cualquiera; sus palabras reflejan un programa político que entraría en clara contradicción con el texto constitucional vigente y las obligaciones internacionales: “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”.

La visión de integralidad de los derechos, uno de los aciertos de la Constitución, debe considerarse como un plan de acción, una hoja de ruta que los erige como límites al poder y como objetivos a alcanzar; respetarlos y garantizarlos no puede usarse como pretexto para su anulación.

De concretarse estas visiones reduccionistas viviríamos un peligroso retroceso, una vuelta al pasado. Desconocer que la noción de integralidad es una expresión de avance de la humanidad nos enfrentaría a perspectivas sobre la libertad que nos dejaron –y siguen dejando- dolorosas lecciones de abuso, represión y omisión en nombre de los valores que dicen defender.