Andrés Jaramillo

La equidad y la asignación a las universidades

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En el país existen 31 universidades que ofrecen posgrados: 17 públicas, cinco particulares cofinanciadas y nueve particulares.

De ese universo, tres centros han especializado su oferta en ese nivel de formación: la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la Andina Simón Bolívar (UASB) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

A estas tres universidades, el Estado les entrega más de USD 36,8 millones al año. El presidente Rafael Correa, en su enlace sabatino, hizo referencia a esas asignaciones. Se preguntó por qué se debe dar esa cantidad de recursos si esos centros de estudios no son “para pobres”.

Los rectores contestaron que buena parte de los recursos son para becas. El proceso para seleccionar a un becario es minucioso. No solo se toma en cuenta el nivel de ingresos económicos, sino otros criterios que tienen que ver con el rendimiento académico, la disponibilidad de tiempo, la pertinencia, el impacto y la viabilidad de las propuestas de investigación que presenta un estudiante.

Así es como se garantiza que la asignación de recursos sea equitativa; más justa. Es decir, que cualquier persona pueda acceder a ese beneficio, independientemente de su condición económica, social, de género o tendencia política.

Es verdad que disponer de menos recursos económicos es un factor excluyente porque resta oportunidades y eso tiene que ser valorado en su justa medida. Pero no puede ser el único prerrequisito para acceder a una beca o para que el Estado defina un monto de presupuesto público.

Cerrar las puertas a una persona brillante, porque gana más dinero al final del mes o tiene padres con altos ingresos, también puede ser discriminatorio. Todos, sin excepción, deben tener las mismas oportunidades ante la ley. La Constitución lo reconoce y debe honrarse antes de revisar las asignaciones universitarias, como pidió el Presidente.