Miguel A. Vasco

En torno al narcotráfico

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Una escueta publicación periodística consignaba la información de que se había realizado en Washington, del 13 al 15 de diciembre, el período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), y que había participado en representación del Ecuador la ministra Ledy Zúñiga. Importa recordar que, ante la creciente gravedad del problema de las dogas en la región, la Organización de Estados Americanos creó en 1986 la CICAD, ya que a nivel universal lo había hecho antes la ONU mediante la instauración de la Comisión de Estupefacientes, en 1946. Para llevar a buen término este cometido, la OEA celebró en Brasil una conferencia especializada que aprobó el Programa Interamericano de Acción de Río de Janeiro, contra el consumo, la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, con principios y objetivos bien definidos. Allí se decidió crear la CICAD, órgano mediante el cual actúa la OEA.

La CICAD estimula la cooperación regional con miras a reducir la demanda de drogas ilícitas y a mejorar la capacidad de los gobiernos para actuar con eficacia contra los grupos criminales. Una de sus prioridades es la educación preventiva: en 1990 se aprobó el ‘Programa Interamericano de Quito: la Educación Preventiva Integral contra el uso indebido de drogas’. Volviendo a la citada reunión de la CICAD en Washington, diríamos que fue acertada sin duda la designación del Gobierno Nacional a la señora ministra, ya que se trata de una conferencia técnica de importancia sobre un tema de preocupación hemisférica. Se afirma, no sin razón, que los dos negocios más lucrativos en el mundo actual giran en torno a la venta de armas y de drogas. Por lo demás, bien se conoce que el consumo de drogas es un fenómeno muy antiguo, pero que aparece como tema relevante de la agenda internacional solo a comienzos del siglo XX: concretamente, para acordar medidas de control y combate al narcotráfico, en 1909 se celebró en China, por iniciativa de EE.UU., la primera conferencia interestatal sobre la materia, y tres años después se suscribió en La Haya la Convención del Opio.

Para concluir diríamos que el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es una perturbadora amenaza para la salud y la vida de las personas, así como para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, ya que su acción corruptora contamina determinados estamentos administrativos y sociales de un Estado. Por eso es indispensable estimular y fortalecer los mecanismos internacionales de cooperación entre los estados, ya que en aislada dispersión será imposible hacer frente a la siniestra acción de las mafias. Se trata en definitiva de un flagelo socioeconómico que afecta a la sociedad y cuya creciente expansión preocupa hondamente a la comunidad internacional.