El tema central de las enmiendas que trata la Asamblea no es constitucional ni jurídico, sino político. Su objetivo fundamental es profundizar el proceso de concentración del poder que se viene consolidando en el Ecuador desde 2007 y aquello tendrá una consecuencia política capital. Lo paradójico es que un tema de tal calibre político pretenda decidirse mediante un trámite legislativo cuyo desenlace ya está decidido y robándole al pueblo su derecho a pronunciarse a través de una consulta popular. Hace apenas tres años atrás, las consultas populares eran importantes para el Gobierno, incluso para los casinos, las peleas de gallos y las corridas de toros. Ahora, resulta que ya no lo son a pesar de que la materia en cuestión son cambios fundamentales a la Constitución.
Pero el asunto es más grave. El oficialismo pretende tramitar sus enmiendas constitucionales, que tienen una connotación política capital, despolitizando la decisión; retirándola del debate ciudadano, expropiando al pueblo su condición de soberano. Pero la Asamblea es política, podría replicarse. Sí, en teoría, pero esta Asamblea que no fiscaliza para nada ni legisla con independencia del Ejecutivo ha perdido tal dimensión, pasando a ser una oficina de trámite de los deseos del poder. La Asamblea Nacional es una simple sucursal de Carondelet y aquello la ha vaciado políticamente. Por ello, la despolitización de las enmiendas será uno de los errores más graves del oficialismo que tendrá un enorme peso sobre su futuro político. El evitar que se consulte a los ciudadanos sobre la misma, especialmente la reelección indefinida, quedará como una marca en la memoria colectiva del país. La politización de los temas trascendentes para una sociedad es el mejor mecanismo que han encontrado las democracias para que se expresen los disensos y los conflictos y de esa manera se arriben a resoluciones legítimas. La legitimidad surge de consensos logrados en el debate y la lucha política. Para eso sirve la política; por ello la política es necesaria. La política genera legitimidad. En ese sentido, cuando un tema político es despolitizado, como ocurre hoy con las enmiendas, el resultado es su deslegitimación. Así pierden validez y pertinencia las decisiones del poder, a pesar de que puedan cubrirlas de un falso halo de legalidad.
Si el camino trazado para la aprobación de las enmiendas sigue el mismo curso que hasta hoy, estas posiblemente serán aprobadas pero serán ilegítimas. Serán impuestas mediante procedimientos administrativos que carecerán del consentimiento del soberano. Y aquello es fatal para cualquier decisión de poder, más aún para una decisión que les permitiría permanecer sin límites en el cargo.
Por ello, si la reelección indefinida se aprueba de la manera prevista se convertirá en la manzana envenenada de este Régimen. Estará ahí, aprobada, servida, lista para ser comida el 2017 con consecuencias impredecibles.