Enfoque internacional

Obscenidad a la vista de todos

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 25
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 5

Desde el 2003, el Gobierno kirchnerista ha aumentado su gasto en publicidad en forma abusiva y en desmedro directo de áreas como la salud y la seguridad.

Los gobiernos autoritarios dedican cifras exorbitantes en su propia promoción, en mil formas distintas de propaganda costeada con dineros públicos. Cuando la política se transforma en negocio, ello parece casi inevitable en ese tipo de administraciones.

La Fundación LED (Libertad de Expresión +Democracia) realiza un constante monitoreo acerca de cómo se usan en la Argentina los recursos públicos para publicitar y sobredimensionar los actos de gobierno.

Un estudio reciente de esa entidad dio cuenta de uso y abuso del gasto consolidado en materia de comunicaciones ejecutado durante 2014 por la administración que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Se trata del informe anual ‘Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina’.

Sumando todas las cuentas de promoción y publicidad, de las que el kirchnerismo se ha valido, el importe resultante es gigantesco: demandó 16 415 831 222 pesos anuales, a una tasa de cambio promedio de 8 pesos por dólar, lo que equivale a
2 051 000 000 de dólares. Esto significa 5 600 000 dólares por día, incluyendo feriados, sábados y domingos.

Esa cifra supera escasamente al gasto que nuestro país ha destinado al Ministerio de Salud, la Administración de Programas Especiales, la Superintendencia del Área y al Hospital Posadas para el mismo año. Y excede ampliamente la mitad del gasto nacional en Seguridad Interior proyectado también para 2014, que abarca a las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería, la Prefectura y Ministerio de Seguridad.

Los derroches en materia de comunicaciones incluyen el pago de una enorme burocracia. También contemplan el monopolio de la transmisión del fútbol a través de la televisión, así como el funcionamiento de estaciones de radio y TV dedicadas a cantar loas permanentes al Gobierno, y el mantenimiento de agencias de noticias que magnifican los aciertos de gestión y disfrazan o directamente ocultan los fracasos.

A todo ello se suma la publicidad oficial en los medios, distribuida arbitrariamente para favorecer a las empresas sumisas a los requerimientos políticos del Gobierno y como un modo de castigar a los medios que informan de manera independiente.

En este último sentido, el Gobierno nacional, fiel a su característica de incumplir fallos judiciales y laudos arbitrales, ha desobedecido varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia,que lo obligan a asignar los recursos por publicidad oficial de manera no arbitraria, es decir, sobre la base de criterios objetivos y razonables, sin discriminación.

El caso argentino es revelador. Muestra la existencia de un abuso que se procura disimular no solo manteniendo la opacidad, sino atacando a los medios privados cuando el monopolio que abusa de su posición dominante está en manos del Estado, financiado con el dinero de todos los habitantes...