Milton Luna

Emilia

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El asesinato de la niña Emilia ha removido heridas que están muy frescas respecto a la violencia, el acoso sexual, la violación y ahora la muerte de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador.

Respecto al caso de Emilia la ciudadanía demanda información, transparencia y certezas, más aún cuando aparecen dudas sobre el manejo operativo de la investigación y de la muerte en una celda de uno de los principales sospechosos e informantes del delito.

Ni venganza ni impunidad. Sí, transparencia y justicia. El ocultamiento en años recientes, de los cientos de denuncias de acoso sexual y violación, por parte de ex ministros de Educación, hecho que se conoció en las últimas semanas; la protección de una asambleísta a otro asambleísta ex ministro para que no vaya a juicio político, por su presumible responsabilidad en el mentado ocultamiento; la ambigua actitud de la comisión Aampetra de la Asamblea (según denuncia de Sybel Martínez, Rescate Escolar), respecto al esclarecimiento y responsabilidades de los casos de violación y acoso sexual en el sistema educativo, son hechos que a más de enervar a la población, debilita la credibilidad de la institucionalidad estatal tan venida a menos en la década del correato. Esto es inadmisible, en momentos que el presidente Moreno quiere reinstitucionalizar el país y reconstruir la confianza de la sociedad en el Estado.

En los últimos 10 años se desmantelaron los aparatos de protección de la niñez. Además, hubo y hay escasa investigación e información oficial sobre temas de violencia, trata, acoso, violación, inseguridad, vulnerabilidad, discriminación, desaparición, de niños, niñas y adolescentes. Sin tales instrumentos mal se pueden diseñar ni ejecutar políticas de solución.

La sociedad civil ha levantado información sobre la situación de violencia y desesperanza en la que vive nuestra niñez. Algunos perturbadores datos proporcionados por el Observatorio Social (2016): Al 2015, 7% de niños son golpeados por profesores; “incremento de grupos o pandillas violentas 13% en el 2010, al 21% en el 2015”; en el 2015, 6 de cada 10 niños, dicen que no tienen diálogo con los padres cuando están en problemas; 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 se sienten inseguros en el transporte público; “el 7% de los y las adolescentes de entre 12 y 17 años han considerado suicidarse, el porcentaje llega al 15% entre los y las adolescentes indígenas”. Alarmante situación.

Por fortuna la sociedad civil se está despertando, y el gobierno nombra a Berenice Cordero, experta en estos temas y militante de los derechos de la niñez, frente al Ministerio de Inclusión Social. La corresponsabilidad podría materializarse. En homenaje a Emilia, hay que recolocar como prioridad nacional a la niñez, adolescencia y juventud.

mluna@elcomercio.org