Participación: ética pública

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Después de cinco años en funciones los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se van a casa.

La renovación se cumple por mandato de la Constitución. En esta ocasión se presentaron 242 postulantes. Casi cinco veces menos aspirantes que los que optaron en la primera ocasión.

El Consejo de Participación Ciudadana es una creación de los asambleístas constituyentes al calor del entusiasmo de Montecristi para elaborar una nueva arquitectura jurídica que cambió los tres ejes del poder republicano tradicional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Bajo esta filosofía nueva, para unos, novelera, para otros, la Constitución contempla la Función de Transparencia y Control Social. Esa idea era música para los oídos de los que anhelaban un cambio de las estructuras y una modificación del poder de los partidos políticos.

Se presumía que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debía ser compuesto por ciudadanos independientes, cuyas acciones estarían lejanas a los apetitos del poder. Pero el modelo de poder concentrado que vive el país y las acciones de las nuevas funciones ideadas no dejaron la imagen ni las actuaciones de independencia, máxime si, como se dijo, varios de los designados tenían vínculos con personajes del Poder Ejecutivo o el movimiento oficial.

Ahora, para evitar que la historia se repita, puesto que varios aspirantes han sido funcionarios del Régimen o tienen nexos, la comisión debiera desechar esas carpetas en pro de la independencia.