Farith Simon

El poder se acaba

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En este ambiente enrarecido ya no extraña que un agencioso funcionario inicie el proceso de cierre de una organización no gubernamental, que trabaja en defensa de la libertad de expresión, por considerar que esta, al replicar o promocionar blogs de opinión sobre la vida política de José Hernández y Roberto Aguilar, irrespeta la prohibición –reglamentaria- de que una asociación civil participe en la política.

La prohibición de participación en la política claramente se refiere a acciones dirigidas a la búsqueda del poder, a la restricción que tienen fundaciones y corporaciones de participar en las elecciones o en alguna de las actividades reservadas a movimientos o partidos políticos (los derechos políticos en sentido restringido).

Sin embargo, los derechos de participación, como el de ser consultados, participar en la formación de proyectos de ley, fiscalizar al poder público, pueden ser ejercidos por todos los ecuatorianos (e incluso por extranjeros en ciertas condiciones); estos son derechos políticos en sentido amplio, aseguran que las personas (solas o asociadas) asuman un papel activo en la vida en sociedad y tienen relación con el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y de reunión.

Para limitar estos derechos se requiere de una ley (en sentido formal y material, es decir una norma de carácter general aprobada por el órgano legislativo). Procesar y eventualmente sancionar a cualquier persona u organización mediante una disposición de carácter reglamentario, es –sin más- una decisión ilegitima y violatoria de los derechos en el marco de una sociedad democrática.

Los miembros de una organización de la sociedad civil, individualmente o en conjunto con los demás asociados, tienen derecho a ejercer sus derechos y libertades, en tanto no pongan en riesgo (en términos de los instrumentos internacionales) la salud, la moral, el orden público y los derechos de los demás.

Sancionar a una organización, y por ende castigar a sus miembros, por difundir sus ideas, es un acto en sí mismo abusivo; distinguir entre actividad política en sentido estricto (es decir la búsqueda del poder) y los derechos políticos en sentido amplio (el ejercicio de una serie de libertades) es algo que un estudiante de primer año de derecho sabe y entiende.

El proceso contra Fundamedios (al igual que lo sucedido con Pachamama) será recordado por su burda contradicción con los derechos y por el flagrante incumplimiento a las obligaciones internacionales del país en esta materia. Es un acto arbitrario, contrario no solo a la juridicidad sino a la razón, maquillado ahora en decisiones de una autoridad que dice defender el estado de derecho y que se aprovecha de condiciones institucionales que hacen imposible un debido proceso legal.

No ha existido en la historia quien ejerza el poder de manera indefinida. En algún momento los abusos serán señalados porque el poder se acaba, cambia, pasa a otras manos y quienes en un momento se creían intocables serán juzgados por sus acciones y omisiones.

@farithsimon