Pablo Ortiz García

Luz, cámara... acción

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Honra es definida por el Diccionario de la Lengua Española como “Buena opinión y fama, adquirida por la virtud y el mérito”.

Me imagino que por esas cualidades los señores de Alianza País eligieron a una dama para que sea una de sus representantes en la Asamblea Nacional por la provincia de Esmeraldas.

No conozco a esta señora, ni sé de sus cualidades ni defectos. Se trata de una mujer que, como cualquier persona, merece respeto, por más actos reñidos con la ley le imputen sus compañeros de partido y aventura política.

Causa tristeza que tres mujeres que por méritos ajenos, y sumisión propia, alcanzaron las más altas dignidades de la Asamblea, hayan permitido que ese acto de deshonra pública se haya dado el domingo 24 de mayo. Indigna haber montado un espectáculo para que luego de que su jefe hablara de corrupción, se arreste a una asambleísta de Gobierno a ciencia y paciencia de muchos ecuatorianos, cuando bien pudieron hacerlo uno o dos días antes, sin show.

No juzgo las actuaciones de la asambleísta. Soy opuesto a cualquier acto de corrupción. Aún más, la Carta Magna, al tratar de los deberes de los ecuatorianos, dispone que deben combatir los actos de corrupción (83.8). Maltratar a una persona como se lo hizo, viola toda norma de convivencia, así como el principio constitucional por el cual todo ser humano tiene “derecho al honor y al buen nombre” (66.18).

La asambleísta fue detenida luego de haberse aguantado no sé cuántas horas de descripción de un país que no es Ecuador, donde, eso no se lo dijo, “los derechos a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación” son violentados.

Discriminar es “Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.”. Se la utilizó para hacer creer que el gobernante combate la corrupción. Se la discriminó. Se atacó su honor.

Las tres sumisas (sumisión es “acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones”), debieron aconsejar a su jefe que al existir indicios de haberse cometido un delito, la detención de la asambleísta se la realice de manera constitucional y no cinematográfica. Más aún, si la investigación por actos de corrupción comenzó en enero pasado, pudo ser arrestada con más discreción.

Parecería que el machismo volvió a surgir en el siglo XXI por parte de la Revolución Ciudadana, que da indicios de involución ciudadana.

Los asambleístas pertenecientes al movimiento del gobernante no tienen suficiente arrojo para evitar actos como el mencionado, en que se ofendió a una mujer de su agrupación política. Si a la hoy detenida se le comprueba actos de corrupción, que la justicia la condene.

El honor de la asambleísta fue mancillado, mientras la fiscalización de los actos gubernamentales es un imposible gracias al clan de las sumisas.

portiz@elcomercio.org