Enrique Ayala Mora

Desastre, gobierno y sociedad

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Las escenas desgarradores de Manabí, Esmeraldas y otros lugares son realidades crudas que debemos constatar en medio de dolor y la desesperanza. No estábamos preparados para un desastre como el terremoto. El país no ha desarrollado una cultura de prevención y ahora lo está pagando caro. Por ello, luego de expresar la solidaridad a todas las víctimas, debemos reconocer que el Ecuador debe tomar precauciones.

El impacto y la desorganización inicial eran previsibles y por ello no se puede pedir al Gobierno que en apenas unas horas las acciones marchen a un ciento por ciento o lleguen a todos los sectores afectados. Pero también es preciso reconocer algunas cuestiones básicas.

El Gobierno debe aceptar que antes que las instituciones oficiales, la sociedad reaccionó primero y con enorme eficiencia ante el desastre. Esa sociedad que trata de amordazar, de controlar, de estatizar, demostró que existe, que tiene vida, a pesar de los golpes recibidos. Sus organizaciones, reprimidas por normas como el decreto 16, enfrentaron la situación con pocos recursos. Nuestro pueblo es inmensamente solidario.

La administración correísta debería entender que la catástrofe no puede ser ocasión para tomar medidas que ya se anunciaban frente a una crisis que se niega tercamente.

El paquetazo anunciado es restrictivo y sube impuestos, cuando la carga impositiva es siempre un mal remedio para la recesión. No se ha dado ni un signo de que se va a recortar el gasto público innecesario, el despilfarro y el uso de fondos para publicidad oficial, viajes y pago de burocracia inepta. Adicionalmente, ya se ve que todo se manejará centralistamente, sin participación de la base social.

El Presidente y sus colaboradores deben ser conscientes de que la confrontación permanente, ver enemigos en todos los que discrepan, el insulto, la calumnia, no crean el ambiente de concordia que la reconstrucción requiere. Que aprendan de la gente común y corriente que se da la mano hasta sin conocerse, en vez de injuriar y agredir como método de gobierno.

Y, desde luego, una condición básica será que todas las acciones y gastos de la reconstrucción se hagan con honestidad. Las emergencias han sido ocasión para que logreros y corruptos hagan su agosto con garantía de que no se los sancionará. El Gobierno tiene que garantizar que el uso del dinero de los impuestos, de los recursos públicos, incluso de los préstamos usurarios que adquiere, sea correcto. Debe aceptar el control ciudadano, en vez de agredir, amenazar y enjuiciar a quienes garantizan la honradez, como los miembros de la Comisión Anticorrupción.

La hora del desastre ha sido para nuestro pueblo la hora de la solidaridad.
Que no sea la ocasión de ahogar la economía nacional, de agredir a la gente, que no se agudice la corrupción y la impunidad.

eayala@elcomercio.org