Andrés Vallejo

Corrupción

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El Gobierno ha justificado la contratación directa de múltiples obras y la venta de petróleo a empresas estatales, porque eliminaba los intermediarios, que disminuían el precio que el Estado recibía y -lo más importante- evitaba los negocios turbios, en que esos intermediarios corrompían a los funcionarios públicos.

La información proveniente de los ‘Panamá Papers’, publicada en El Universo en días pasados, da cuenta de aspectos de la venta anticipada de petróleo ecuatoriano a Petrochina International -una de las que el Gobierno ha realizado a cambio de préstamos o anticipos-, que, de ser ciertos, contendrían claros síntomas de corrupción.

La publicación aludida señala que hay intermediarios y esa intermediación, de haberse producido, habría perjudicado al Estado ecuatoriano al destinar un dólar por barril de petróleo para ellos. Lo que haría presumir que de ese dinero -algo, poco o mucho- aceitaría las negociaciones y beneficiaría a funcionarios públicos. Solo en este contrato serían 70 millones de dólares, nada más ni nada menos.

Como no es la única negociación realizada, ya que las ventas de petróleo a China son muchas, y todas millonarias, es indispensable que el Gobierno aclare cómo y en qué condiciones se han realizado todas y cada una de ellas. Y quienes han intervenido.

De no hacerlo, es imposible que la sospecha no se extienda a todas y no solo a la publicada, aunque todavía no se conozca a qué funcionarios públicos benefició, porque nadie, ni dentro ni fuera del Gobierno, dudará que eso ha sucedido.

El Gobierno debe comprometerse con el país, y consigo mismo, a determinar quiénes han actuado mal, ponerlos en evidencia y castigarlos con todo el rigor de la Ley. Deben publicarse las condiciones de todos los contratos con China y el nombre de quienes han intervenido.

Esta es una de las razones para insistir en la necesidad de la independencia de las funciones del Estado, que evita abusos y descubre, si se han presentado, los casos de corrupción. Para insistir en la necesidad de medios de comunicación independientes y fortalecer el periodismo de investigación. Para insistir siempre, con Lord Acton, que si el poder corrompe, el poder total corrompe absolutamente.

Ni en este ni en otros casos cuestionados se ha hecho nada por demostrar la verdad de los hechos. Cuando han habido denuncias, la práctica ha sido descalificar a los denunciantes y obligar a rectificar a los medios de comunicación que las han publicado, por documentadas que hayan sido las publicaciones.

Más de un caso debe ser aclarado: ¿qué explica que si el presupuesto en la refinería de Esmeraldas fue inferior a 200 millones de dólares, acabe costando 1 200 millones? También hay funcionarios involucrados en anomalías en ese caso.

El Gobierno tiene, frente a este hecho, que de ser cierto implicaría corrupción, la oportunidad de demostrar que la proclama de las manos limpias es cierta, castigando a los que, en este caso, las habrían ensuciado.

Columnista invitado