El tiempo pasará hasta que se mitigue el dolor familiar y nacional por los caídos en una lucha desigual contra el feroz embate de la naturaleza. En muchos ciudadanos y sus familias tardará en desaparecer el temor por la repetición de un suceso de esa magnitud. Son secuelas que no pueden desaparecer de la mente del ser humano: hechos del pasado inmediato, vivencias de un doloroso presente y temores postraumáticos por un futuro impredecible.
El terremoto de 7,8 grados que estremeció a la costa ecuatoriana y algunos sectores de los Andes deja algunas lecciones, inquietudes y preocupaciones: ¿Estamos preparados de acuerdo a los estándares internacionales para estos percances? ¿Funcionaron con oportunidad y eficacia los mecanismos de reacción y de defensa ciudadana? ¿Se produjo una censura o autocensura después del suceso para centralizar y controlar la información del desastre? Esas y otras interrogantes deben ser absueltas; máxime, cuando se presume que existió el temor en los medios privados para no incurrir en la figura de provocar pánico según la legislación de comunicación. Hay que aclarar que si bien no se produjo ese escenario inducido o provocado, sí hubo un gran desconcierto y angustia que solo tuvieron como fuente las agencias internacionales o las cada vez más necesarias redes sociales.
Se justifica la censura en un estado de excepción, pero eso no significa la supresión de información oportuna. Basta señalar como ejemplo la confusión que percibió la ciudadanía cuando se calculó la magnitud del fenómeno en 6,5 de magnitud mientras en los canales internacionales se comunicaba la dura cifra de 7,8. ¿Error técnico o modulación de la información pública?
En el plano global del país, es necesario un acuerdo elemental para evitar una manipulación política de la tragedia nacional. Este es un momento –y así deben entenderlos los actores políticos- de comprender que se trata de una tragedia nacional y no electoral. Luego, será indispensable hacer una evaluación exhaustiva sobre las normas técnicas para la construcción en grandes urbes y en poblaciones medianas o pequeñas. Los escombros pueden mostrar evidencias. Y sin endosar responsabilidades prematuramente verificar materiales, protocolos técnicos y, de ameritarse el caso, la responsabilidad de los profesionales y auditores de edificios insólitamente desplomados o fracturados.
Por tanto, corresponde seguir con la aprobación de la Ley de Equidad Tributaria por la decisión de los asambleístas o por el imperio de la ley. Luego continuar investigando el caso de los ‘Panama Papers’ y no acosar a los periodistas ecuatorianos que cumplieron con los deberes de la investigación. Resulta curioso que el Consejo de Participación, que nombró al Fiscal General, no lo convoque y solo ahora se preocupe de los periodistas de la investigación. Siguen retumbando la expresión de Cicerón cuando exclamó: “Oh témpora, o mores …”.
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