Enrique Ayala Mora

La Comisión Anticorrupción

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Ante el inocultable incremento de la corrupción y la impunidad se levanta un clamor ciudadano por que se reconstituya la Comisión Cívica Anticorrupción. Por ello, el Frente Unitario de los Trabajadores y el colectivo de organizaciones sociales resolvió hacerlo en su convención del 30 de mayo. Por su parte, el Gobierno “se adelantó” a tratar de demostrar que combate la corrupción, acusando a una asambleísta de sus propias filas de graves irregularidades.

Pero este acto, que todos sabemos que es solo un fallido intento de tapar el sol con un dedo, no puede contradecir una realidad incontestable: desde hace años el régimen ha montado un aparato para promover la impunidad, para bloquear la fiscalización y la investigación. Estos son los hechos:

Por decisión constituyente se eliminó la Comisión Cívica Anticorrupción, remplazándola por un Consejo de Participación Ciudadana que no representa a nadie y no controla nada, como el mismo Correa lo reconoce, pero le quita al mismo tiempo recursos para investigar.

Se eliminó todo rastro de acción fiscalizadora de la Asamblea Nacional, cuya sumisa mayoría ha bloqueado hasta los intentos de iniciar un juicio político a los ministros y se allana a que el Presidente disponga que no se le entregue información.

Se pide que se denuncie a quienes manejan alegremente los recursos públicos, cobran o reciben coimas y dan motivo para sospechar que están implicados en la corrupción. Pero se persigue con saña a los denunciantes, se los amenaza y obliga a exiliarse. Basta recordar el caso del ‘Gran hermano’.

Se ha transformado a la Corte Constitucional en ejecutora de los mandados del poder, se ha instaurado un régimen de terror en que los jueces actúan con temor y sentencian según se les pide o según lo que creen es la voluntad oficial.

Se dice que la Contraloría actuará con fuerza, pero se limita sus atribuciones con reformas constitucionales disfrazadas de enmiendas para evitar la derrota en las urnas. Y se facilitan contratos multimillonarios, mayores que todos los que ha habido en la historia nacional, que se adjudican sin control alguno, aplicando mecanismos de emergencia que dan pábulo a la impunidad organizada.

El monopolio del poder y la falta de control son caldo de cultivo de la corrupción en todas partes de mundo. Cuando se elimina la fiscalización, cuando se afirma que “no hay nada que fiscalizar porque el gobierno es impoluto”, se propicia el abuso y el mal manejo de los recursos públicos.

La cosa es clara. Podrán mandar a la cárcel a una correísta que quizá hizo un mal reparto, pero el inmenso aparato de promoción de la impunidad sigue en pie. Por ello, que desde la ciudadanía se haya creado la Comisión Anticorrupción es una necesidad nacional. La Comisión debe comenzar a funcionar pronto. La sanidad nacional así lo demanda.

eayala@elcomercio.org