Correa, error de cálculo

Apostaron a que con Alianza País y Lenín Moreno en la Presidencia seguirían en el poder, por lo que jueces, fiscales, contralor, procurador, superintendentes y hasta la Asamblea Nacional harían igual que en la década pasada: aparentando independencia, seguir el libreto de Carondelet. Así, todo seguiría igual, y los casos en manos de la justicia dormirían el sueño eterno.

Jamás imaginaron que Lenín Moreno convocara una consulta popular, que permitió elegir un Consejo de Participación de Transición que, tras una evaluación, cesó a las autoridades de control. Y que esas acciones posibilitarían al país contar con un nuevo fiscal general encargado y nuevas autoridades de control decididas a actuar de manera autónoma.

Dos casos que copan la escena pública resumen las atrocidades cometidas durante el correato. Y evidencian el nuevo momento que vive el Ecuador.
El asesinato del general Jorge Gabela, ex comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), tenaz opositor a la compra de los helicópteros Dhruv a la India, es uno los hechos más execrables de los que se tenga memoria. Fue asesinado en su domicilio, en una urbanización cerrada en Samborondón, en diciembre de 2010.

Luego del crimen, su viuda, Patricia Ochoa, ha librado una épica batalla contra el poder, sin jamás admitir la versión oficial de una acción de la delincuencia común. Por eso, denunció los informes amputados que le entregó el Ministerio de Justicia, sin la firma y sumilla del perito Roberto Meza. Y, junto a su abogado, Ramiro Román, ha destapado las contradicciones y dejado ver las huellas siniestras de las manos invisibles tras el asesino.

La historia de “alias Francis”, sindicado como autor material del crimen, es escalofriante. Detenido en 2011 y puesto enseguida en libertad, luego del pago de $20 000 como fianza, fue acribillado, en Sauces 6, en Guayaquil, en 2012. “Las circunstancias de la liberación de Francis son muy sospechosas (…)”, alertó el perito Meza, que acaba de revelar que en su informe había nombres y pruebas de los responsables del crimen. El documento ha desaparecido.

El secuestro al ex legislador Fernando Balda, en Bogotá, en 2012, por el cual el expresidente Correa ha sido vinculado penalmente, es otro hecho espeluznante.

A pedido de la Contraloría, el Ministerio de Defensa ha levantado la reserva de “los gastos de operaciones” y asoman cheques a nombre del ex agente Chicaiza que habrían sido usados para el secuestro. A esto se suman declaraciones de los vinculados a los Servicios de Inteligencia, que apuntan a un crimen planeado en las más altas esferas y con recursos públicos, como asegura el abogado Felipe Rodríguez.

Quienes creían que seguirían controlando todo, no contaron con que, tras la consulta popular, habría una nueva justicia, ni que abogados como Román y Rodríguez harían un trabajo de filigrana: erraron en su cálculo.

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