Independientemente de lo que suceda en las próximas semanas, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratifica el resultado de las elecciones del pasado domingo dando el triunfo a Lenín Moreno o si surte efecto la impugnación del candidato Guillermo Lasso, la situación para el flamante presidente será muy complicada.
Complicada porque tendrá que enfrentar una crisis económica y un déficit fiscal que se ha agudizado por la aplicación de un modelo fracasado, basado en el predominio del Estado, el excesivo gasto público y la falta de condiciones adecuadas para que el sector privado pueda crecer y generar empleo. No es posible seguir pateando la pelota hacia adelante, posponiendo la solución de los problemas fundamentales y recurriendo a más endeudamiento.
En este sentido, el papel del Estado en la economía, más allá de los dogmatismos que han hecho tanto daño en estos 10 últimos años, debe ser el de orientar la actividad económica, permitiendo que los agentes puedan trabajar libremente y, en consecuencia, generar mayores fuentes de empleo.
Si no hay un giro de 180 grados en este ámbito, los problemas sociales y políticos se agudizarán. Es decir, los escenarios de ingobernabilidad, inestabilidad y conflicto serán una tónica. Y para evitarlo, es clave lo que los dos candidatos han subrayado: abrir los espacios de diálogo y concertación. Diálogo y concertación en serio. No lo que nos han tenido acostumbrados en estos años el correísmo: imposición de leyes y decisiones de gobierno con base en un solo criterio.
Al contrario, todo lo que ha sido crítica y deliberación fuera de los espacios de poder y del partido han sido perseguidos. Y en ello han cumplido un papel clave la Ley de Comunicación y el Decreto 016. Si Lenín Moreno, al igual que Guillermo Lasso, habla de cambio, debería derogar o replantearse estos marcos normativos que han limitado la libertad de expresión y el derecho de asociación. Esto es la base para tener una sociedad participativa y deliberativa.
Y aunque Alianza País considere que esto no es negociable, la fuerza de las circunstancias van a presionar para que se den estos cambios. Al haberse consolidado en estos años un régimen autoritario y concentrador de poder, no hay vías institucionales para canalizar el conflicto. De ahí que si no se impulsan cambios en el sistema, la solución de los problemas se dará en las calles.
El modelo político diseñado en Montecristi está concebido para facilitar el acceso, concentración y mantenimiento del poder político. No lo contrario. Como vemos hoy, las elecciones no garantizan nada. El hecho de que la máxima autoridad electoral esté secuestrada por el Ejecutivo, invalida todo proceso eleccionario democrático.
La independencia de los poderes del Estado es fundamental. No solo para garantizar los derechos de los ciudadanos sino incluso para combatir uno de los peores males que tiene el Ecuador: la corrupción.