Oswaldo Jarrín R.

Provocación incesante

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Sobre el abuso jurídico de que las FF.AA. son obedientes y no deliberantes, el Ministro deDefensa, no solo que eludió su responsabilidad de defenderlas como su representante legal en un problema interministerial, sino que optó por integrarse con el Ministro del Ambiente para juntos argumentar en contra del Consejo Directivo del Issfa, queél mismo preside, a propósito del contrato de compraventa de los terrenos de Los Samanes.

Se comprueba que el sencillo caso administrativo no fue fortuito, debido a la escalada política y de conflicto al que fue llevado, con la destitución del Comando Conjunto de las FF.AA., y la secuencia de derivaciones, que no terminan, a pesar de haber llegado a proponer una revisión de sueldos y pensiones y la integración en un sola entidad al IESS, Issfa e Isspol.

Aparte de haber logrado la aprobación de las enmiendas constitucionales con las cuales se desprofesionaliza a la institución, con ruda inexperiencia se descalifica a las FF.AA. y a la Policía Nacional declarándolas incompetentes para dar seguridad a personalidades del Gobierno.

El Ministro Coordinador de la Seguridad asume la continuidad del proceso de desarme, pensando que representa a una institución rectora, suprema, que dirige mediante agendas a los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, del Interior y de Justicia, además de la Secretaría de Riesgos en la cual se desempeñó como su vocero.

El Ministro Coordinador de Seguridad incumple con la ley, para asesorar al Presidente de la República en las políticas y planes art. 7. Cosepe, creyendo que la socialización suple a la desinstitucionalización que vive el Estado.

Se cree que obtener una guardia de la revolución es argumento suficiente, para crear una Dirección de Protección de Personalidades, y una genial ocasión que aprovecha el antagonismo incesante entre el Gobierno con las FF.AA. y ahora con la Policía.

No se valora que la Policía Nacional, art. 163 de la Constitución, es una institución civil, única en ser armada para empleo público. Es responsable de la seguridad ciudadana, del orden público en el territorio nacional, con capacidades de investigación y de conciliación como alternativa de uso de fuerza, lo cual desmiente que se quiera desmilitarizarla.

Por consiguiente, no se puede confundir lo que es la funcionalidad y la estructuración, ambas obedientes a leyes específicas que se trata de desbaratar. No hay necesidad de una desestructuración de la Policía Nacional, peor aún pensar en crear una dirección de protección de personalidades. La autoridad y capacidad de mando sobre el Comando Conjunto de las FF.AA. es una prerrogativa única del Presidente.

Un cuerpo como el propuesto, civil armado, como los Carabineros de triste recordación, únicamente serviría para fines partidistas e ideológicos como lo tienen países en los cuales la revolución es una finalidad suprema.

Columnista invitado