León Roldós

Descalificación y no transparencia

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Práctica del Presidente Correa y su entorno. Ante críticas o puntualizaciones que podrían aclararse o desvirtuarse con razones, de tenerlas, el atajo va por la descalificación.

Las réplicas más son contra-ataques, con medias verdades o con cifras o conceptos diferentes a lo que debe aclararse o desvirtuarse.

En el caso de Fernando Villavicencio, a veces se refieren a lo que él denuncia, pero el mayor reclamo del gobierno es sobre cómo se entera Villavicencio de lo que acusa. El propio Correa lo califica de “denunciólogo” y de “engreído de los medios de comunicación”. Lo último contra él es cerrarle el paso a la posibilidad de que vaya a la Asamblea Nacional, en lo que podría considerarse una tinterillada cuando la fuerza política a la que él estuvo vinculado, años atrás, expresamente lo libera del vínculo que le habría podido impedir que sea candidato. Fraude electoral no sólo se produciría en el contaje de votos sino también en toda traba contra el derecho ciudadano de elegir y ser elegido.

Reciente la declaración del Presidente de la Federación de Cámaras de Construcción, Enrique Pita, en relación a sobreprecios, desde los presupuestos, contrataciones y subcontrataciones direccionadas y la réplica a lo que el gobierno siempre afirma que en la contratación pública se dan figuras de cohecho –empresas y constructores privados que dan dinero a funcionarios, para contratos y para pago de facturas-.

Pita señala que lo que hay más es extorsión –los funcionarios pidiendo dinero para los contratos y pago de facturas-.

Verdad que el que cohecha y el que se allana a recibir dinero, así como en el caso de la extorsión, el funcionario que exige dinero y el empresario o persona que lo paga, cometen infracción, pero esto no significa que sean dos infracciones iguales, peor si la extorsión se convierte en sistema, ante lo cual el que requiere que le cumplan –en un contrato o en facturas- a veces indebidamente siente que no hay otra salida, caso contrario piensa que va a quebrar y tendrá que retirarse de ser contratista, con las consecuencias laborales y financieras que esto tiene.

Además, habría dos delitos casi inseparables, peculado y enriquecimiento ilícito.

En derecho, con división de poderes, con jueces independientes, si hay otra salida que es la denuncia y la sanción contra el extorsionador.

Y ante el ejemplo de Pita respecto a precios en las obras civiles constructivas de hospitales del IESS, desde éste comparan precios con los de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pero incluyendo obras complementarias. En resumen, no son valores comparables.

Qué bueno sería la absoluta transparencia de información ante cualquier tacha al gobierno, antes que la sola descalificación. Esto sería real ejercicio de democracia.