Francisco Carrión Mena

¿Golpe de Estado de jueces?

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Habían pasado de moda pero ahora están de vuelta. Más sofisticados pero con los mismos efectos. Me refiero a los golpes de Estado y, en particular, al producido en Venezuela la semana pasada cuyas implicaciones sobre la región exigen no solamente declaraciones del exterior sino acciones. Sin perjuicio de que en parte sus protagonistas se han retractado, valen las algunas reflexiones.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de país dio un golpe de estado inusual. Ya no fueron las bayonetas y la injerencia externa que en las décadas de los 70 y 80 cambiaban gobiernos a placer. Ahora han sido los jueces.

Resolvieron retirar las funciones que tiene la Asamblea Nacional, legítima y democráticamente elegida por el pueblo, de acuerdo con la Constitución, arrogándose tales funciones que no le correspondían con la venia del Presidente Maduro. Nada más claro que una ruptura constitucional.

El TSJ es elegido por la Asamblea y la Asamblea lo es directamente por el pueblo. No es posible, no puede tener valor jurídico, el que un órgano subsidiario en su origen desconozca a su nominador. ¿Qué hacer? La OEA ya demostró hace unos días su incapacidad. Otros intentos de UNASUR y hasta de El Vaticano han resultado vanos. La OEA solo reconoció que hay que buscar “soluciones a una situación” que existe en Venezuela e instó en un comunicado al “diálogo abierto e incluyente”. Inclusive, si hubiera acordado aplicar la Carta Democrática, como era su propósito, Venezuela habría sido solo suspendida de la organización. Nada más.
Hay una hipocresía en torno a este asunto. EE.UU. importa petróleo y derivados venezolanos por USD 14 mil millones y autoriza la comercialización de combustibles en su territorio. Brasil tiene negocios con Venezuela que se acercan a los USD 20 mil millones; Argentina exporta más de USD 1 000 millones y Colombia exportó a su vecino más de USD 5 000 millones en 2011. Es decir, detrás de las solemnes declaraciones se esconden grandes intereses que impiden tomar acciones que restablezcan en ese hermano país, la democracia, los derechos humanos y la supervivencia de su pueblo. ¿Por qué no una medida coercitiva en ese campo?
Países democráticos de la región y del mundo deben unirse para tomar acciones, no solo declaraciones, para impedir que la dictadura que ahora desembozadamente impera en Venezuela se prolongue y su pueblo salga de la crisis humanitaria en que se debate.

Curiosamente, Ecuador ha sido tibio en su posición al llamar al diálogo y a superar los problemas entre los poderes del Estado. Pero el candidato oficialista ha dicho que respalda plenamente a Maduro en “todo lo que sea necesario para que la revolución continúe”. Penoso pronunciamiento de una persona que habla de diálogo y mano tendida.