El laberinto institucional y jurídico es una de las deplorables herencias de la revolución ciudadana. Y no hay a la mano un hilo de Ariadna que nos ayude a recorrer el camino de regreso sin toparnos con el feroz Minotauro. Y a propósito de lo que ocurre, me viene a la memoria el episodio del nudo gordiano, tan intrincado que resultaba imposible desatarlo. Cuando Alejandro Magno lo tuvo al frente, con su espada lo cortó por la mitad de un solo tajo.
En el presente del Ecuador, la espada de Alejandro Magno sería una asamblea constituyente, no para desatar el nudo ni desandar el camino, sino para resolver la situación de un solo tajo. Pero… Los peros surgen de inmediato. Aunque es evidente que la Constitución de Montecristi no merece ni debería sobrevivir, hay que preguntarse si el país está preparado para una nueva asamblea. Se trata de un proceso complejo y prolongado (convocatoria, reglas para su funcionamiento, debates, referéndum para su aprobación, etcétera) que dilataría la solución de males que requieren de una urgente cirugía.
Una fórmula a corto plazo, pero que dejaría intocada buena parte del nudo, sería la consulta popular. Una alternativa que sin duda está a la mano. Pero también hay que saberla utilizar. Si el presidente Moreno se decide por ella, me parece que deberían formularse muy pocas preguntas. La primera, y fundamental, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y el traslado a la Asamblea de su facultad de hacer designaciones. Esto es urgente, antes de que designen un nuevo contralor, aunque posiblemente en la misma consulta habría que dar por terminados los períodos de los nombrados anteriormente.
Hay muchas cuestiones que se podrían consultar: la reelección indefinida, la forma de integrar la Corte Constitucional, el Consejo de Judicatura, el Consejo Electoral. Hasta las corridas de toros. Pero, cuidado, esta herramienta, mal usada o usada con exceso, puede traer resultados contraproducentes.
No terminan ahí las urgencias. Hay que reformar varias leyes. Hasta parece forzosa una labor profiláctica para cambiar en muchas de ellas los nombres rimbombantes y cursis con las que fueron bautizadas, y su calificación injustificada de “orgánicas”. Pero hay temas de fondo. La ley de comunicación, por ejemplo, sino derogada, debe ser revisada a fondo. Y el Código Integral Penal, repleto de contradicciones y ambigüedades, pero muy apto para perseguir. No son tareas fáciles, y menos en las actuales circunstancias políticas, pero son indispensables.
Hay sí una acción que el presidente Moreno podría hacerla ahora mismo: derogar de un solo plumazo el Decreto 16 (al que, por error, lo llamé 18 en mi artículo anterior). Sería una demostración contundente de un espíritu democrático, muy distinto del que predominó en los pasados diez años.