Diego Araujo Sánchez

Vergonzoso apoyo

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La última semana de enero, los 28 países de la Unión Europea, preocupados por la represión política, las violaciones a los derechos humanos y el deterioro de la democracia en Venezuela, adoptaron sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro. A esa condena se sumaron 10 países europeos extracomunitarios.

El 13 de febrero, los cancilleres y representantes de 14 países de América, entre los que se hallan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú, rechazaron la convocatoria a elecciones presidenciales, sin haber llegado a un acuerdo con la oposición, como se había comprometido el Gobierno. “No puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y los líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente; con una autoridad electoral bajo el control del Gobierno y sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar”, dicen los 14 países del Grupo de Lima. Y cuestionan la legitimidad de la Asamblea Constituyente que llamó a esas elecciones. El Gobierno de EEUU, que había impuesto ya sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro, rechazó también la convocatoria y anticipó que no reconocerá el resultado de esos comicios.

Mientras se multiplican las voces de repudio a la dictadura venezolana, la canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, mantiene al Ecuador alineado con Cuba, Bolivia y Nicaragua a favor del régimen de Maduro bajo el contradictorio sustento del principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado. Para reiterar su “coherencia” con esta posición, expresó en agosto de 2017 un efusivo apoyo a la tramposa Asamblea Constituyente.

El correísmo se olvidó de una honrosa tesis ecuatoriana la que debía dar todo respaldo y continuidad, la doctrina Roldós, adoptada inicialmente en 1980 por los países andinos: el compromiso de respeto a los DDHH es una norma básica de conducta interna de los Estados y su defensa una obligación internacional. Las acciones conjuntas en defensa de estos derechos no lesionan el principio de no intervención. Desde cuando se enunció esa doctrina, ha ganado consenso universal la prevalencia del respeto a esos derechos. Es un absurdo socapar sus violaciones bajo los principios de soberanía y no intervención.

La Corte Penal Internacional examina crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas de 2017, cuya represión dejó centenares de muertos y de presos políticos. La CIDH ha documentado el grave deterioro de los DDHH. Más de 3 millones de venezolanos abandonaron el país desde la llegada del chavismo al poder hasta ahora. Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano mantiene la misma condescendiente actitud correísta ante el régimen dictatorial de Maduro.