Abelardo Pachano

La sin razón

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 109
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 5
Contento 7

No hay reposo para la colectividad. Todos los días se conocen de nuevas iniciativas legales que buscan cargar más la mano a una estructura privada bastante venida a menos. Ya parece cuento viejo. Repetitivo y cansón.

Sólo en reformas tributarias, más o menos bien contadas, son 26 las expedidas en este gobierno, con un número parecido de modificaciones reglamentarias, algunas de las cuales han rebasado la característica de tales. Es decir, se ha producido un cambio promedio en las reglas de juego y, por supuesto en la relación del gobierno con los contribuyentes, cada cinco meses.
Así es muy difícil conseguir una empatía entre la inversión privada y la sociedad. Por eso la cosecha es magra. No se trata sólo de inseguridad jurídica, sino de una inestabilidad en la política económica que repele iniciativas privadas naturales, cuyos efectos en el empleo y la producción otros países los buscan con ahínco.

Ahora, se trata de otra ley “orgánica” conocida como Código de Ingenios, que no se refiere a la industria azucarera, sino a aquellas empresas dedicadas al desarrollo de facilidades tecnológicas, como la creación de programas o plataformas de computación, agrupadas en lo que se conoce como desarrolladoras de software.

En este código se pretende crear un novedoso e inédito derecho de autor, que le permitiría a un trabajador recibir el 10% de los beneficios derivados de la explotación de la obra, así denominada a cualquier programa o sistema, para el cual el hay sido contratado por una empresa, en calidad de ingeniero o técnico especialista en esos campos.

No se a quien se le ocurrió esta idea, pero lo cierto es que si se la aplica, hay que despedirse de la posibilidad de que en el Ecuador podamos tener una industria informática. Nadie va a aceptar semejante dislate, partiendo del principio de que esos técnicos, que merecen buen trato y consideración laboral, han sido remunerados precisamente para desarrollar sus habilidades, y si la empresa en la que trabajan, tiene utilidades, habrán recibido además la participación correspondiente.

Para entender lo que se pretende, imaginémonos que el SRI desarrolla un programa para recaudar impuestos y, lo encarga hacer a sus técnicos. Pues bien, si se aplica lo previsto en este proyecto de ley, estos ingenieros tendrán derecho a recibir por lo menos el 10% de la renta producida, es decir de las recaudaciones tributarias, ¡y además de por vida!

Piensen en alguien, digamos una fábrica, que necesita sistematizar sus política de ventas y contrata la elaboración de un sistema a una empresa especialista. ¿ En este caso, la fábrica deberá entregar el 10% de su renta a los trabajadores de la otra empresa, que hicieron ese sistema?

¡Es la razón de la sin razón!