El Gobierno nacional tomará una decisión que incidirá en un aspecto crítico de la competitividad de la producción nacional: el transporte marítimo de mercancías. Está en suspenso si la incidencia será negativa o positiva.
El nódulo del comercio marítimo y su impacto en la competitividad es Guayaquil, situación que se acentúa por la generalización del contenedor. Hoy, los mismos buques que cargan banano traen mercadería general. La doble condición de ser centro geográfico de los cultivos de exportación y uno de los dos destinos (con Quito) del grueso de las importaciones, tornan a Guayaquil en irremplazable puerto principal. Pero no es un puerto sino varios: el canal de acceso lo comparte el puerto estatal concesionado a Ictsi con varios puertos privados. No hay monopolio.
Desde hace una década se planifica la construcción de otro puerto, en Posorja, complementario a los existentes, que sirva a buques de mayor calado y que traiga carga para transferirla a destinos regionales. Maersk, líder mundial en transporte de contenedores, era la socia estratégica.
Al Gobierno no le gustaban ni los puertos de Guayaquil ni el propuesto para Posorja: sus asesores españoles propusieron que se prohíba que los puertos de Guayaquil muevan carga y reemplazarlos con un nuevo en Santa Elena. Se retiró el permiso para el puerto de Posorja; Maersk se separó del proyecto.
Las autoridades nacionales impiden el dragado de mantenimiento del canal de acceso al puerto de Guayaquil, a pesar que los usuarios pagan una tasa para ese fin, y que la falta de dragado se traduce en mayores costos a consumidores y empresas.
Finalmente, el Gobierno retomó el proyecto Posorja. A DP World de Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos, le interesa la concesión y negocia con el Gobierno a puerta cerrada. Según el reportero miamense Casto Ocando, DP World pretende que se prohíba la nueva inversión en terminales y canales en los puertos de Guayaquil, y que le autoricen tarifas 20% superiores a las hoy vigentes.
Un nuevo puerto es para que genere nueva carga; si capta carga actual, que sea ofreciendo mejoras y compitiendo en condiciones de igualdad. Un nuevo puerto sería nocivo si resta competitividad a la producción nacional.
Que el Gobierno no se deje tentar de aceptar estas condiciones a cambio de que le anticipen la futura renta de la concesión. Que niegue la pretensión de DP World a que se les otorgue un monopolio. Si vienen a competir en igualdad de condiciones, bienvenidos.
A los dubaitíes, sus asesores nacionales deben persuadirlos que un contrato conlleva un gran riesgo político: no sobreviviría un cambio de régimen. La sociedad civil está por soltar sus amarras. Ni consumidores ni empresas del Ecuador aceptarán ser sometidos a la férula de un emir.