César Montúfar

La sumisión legislativa

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La cadena nacional del lunes anterior en la cual el Presidente anunció el “retiro” de los proyectos de ley, llamados de herencias y plusvalía, fue un derroche de confusiones, prepotencia y atropello a la Función Legislativa. Tal anuncio presidencial desconoció los límites de las facultades del Ejecutivo en términos de su iniciativa legislativa. La verdad es que el Presidente, en el sistema constitucional y jurídico ecuatoriano, tiene amplias atribuciones: puede presentar proyectos de ley, incluidos los denominados económico urgentes, y posee, como ningún otro Ejecutivo en América Latina, amplísimos poderes de veto. Nuestro orden jurídico le permite al Presidente muchas cosas, de hecho por eso se habla de hiperpresidencialismo en el Ecuador, pero no le otorga la facultad de “retirar” proyectos de ley así él mismo los hubiera presentado.

¿Qué sucedió, entonces? ¿Es que el presidente Correa carece de una buena asesoría legal que le advierta que no podía proponer algo para lo cual no estaba legalmente autorizado? ¿Es que debemos conformarnos, quienes nos oponemos a los citados proyectos, con que el Presidente los “retire temporalmente”, así ese no sea el procedimiento que debería seguirse para dejarlos sin efecto? ¿Es que debemos aceptar sumisamente que lo político se sobreponga a lo legal y que, por tanto, quien tiene el poder puede hacer y deshacer a voluntad? No creo que el “error” se haya dado por falta de conocimientos legales. El señor Mera debe haber revisado la ley de la Legislatura.

Tampoco me parece, a pesar de los apuros que ha corrido el oficialismo por las protestas ciudadanas, que el asunto venga por improvisación o apuro. En realidad, me parece que fue premeditado; que Correa sabía que proponía una posibilidad que no estaba en la ley y que lo hizo como afirmación de su poder absoluto y su voluntad discrecional de interferir a placer en un trámite legislativo. Es decir, mientras el Presidente nos hablaba de diálogo y aparentemente mostraba apertura al recular en sus iniciativas legales, nos restregaba en la cara que su voluntad suprema está por encima de toda norma y procedimiento. En pocas palabras, el subtexto de la intervención de Correa fue decirnos que temporalmente, mientras le convenga, no ordenará a sus “asambleístas” aprobar esas leyes y que él hace lo que quiere con la Asamblea y con el país; que su voluntad está por encima de la ley.

En realidad, si querían hacerlo bien, el artículo 62 de la ley de la Legislatura claramente dice que un proyecto económico urgente puede ser aprobado, modificado, negado o archivado. Tenían las dos últimas opciones pero el problema era político: AP no quería pasar por el Pleno dichas leyes y reconocer el triunfo de la dignidad de los ciudadanos movilizados en las calles del país que se opusieron a las mismas.

Por eso, fue vergonzosa la actitud de varios, no todos, asambleístas de oposición que se allanaron a la voluntad presidencial, bajaron la cabeza, aceptaron de buen modo la arbitrariedad de Carondelet y hasta colaboraron para que la sumisión se lavara la cara.

@cesarmontufar