Fernando Larenas

Brasil, faltan los peces gordos

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El Congreso de Brasil aprobó con una sobrada mayoría el inicio de un ‘impeachment’ o juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff (68 años), heredera de Lula da Silva para continuar el esquema de poder del Partido de los Trabajadores (PT), que se prolonga por 13 años consecutivos. Esto ocurre cuando la atención del país estaba, hasta un par de semanas no más concentrada en los escándalos de corrupción que involucran a Lula y a otros connotados políticos brasileños.

Entre las causas para enjuiciar a Dilma figura la que se conoce como “pedalada fiscal”. Pero si se compara con el escándalo conocido como ‘Lava jato’ esta acusación resulta insignificante. La pedalada es una práctica mediante la cual el Tesoro Nacional y el Ministerio de Hacienda retrasan los pagos o depósitos a los bancos estatales, incluso a la Seguridad Social. Un ejemplo: al no transferirse los recursos, la Caixa Federal continúa transfiriendo dinero a los programas sociales Bolsa Familia y Seguro de Desempleo, pero con recursos del banco estatal.

En total las pedaladas ascienden a unos
3 000 millones de reales, un equivalente a USD 1 000 millones, aproximadamente. Si esto lo comparamos con la operación ‘Lava jato’, que movió entre 4 000 millones y 8 000 millones de dólares en propinas con recursos provenientes de Petrobras, la acusación contra Dilma Rousseff parece ridícula. Sin embargo, deja en evidencia que la señora es una gobernante inepta, que tuvo tiempo para rectificar la ilegalidad que comenzó el 2013 y que el diario O Estado de Sao Paulo reveló el 2014.

Hoy, la Cámara de Diputados debe enviar al Senado brasileño el resultado que autorizó el inicio de ‘impeachment’ por 367 votos, contra 137. Se cree que el Senado, con una mayoría simple, ratificará la decisión, con lo cual la Presidenta se debe apartar del poder durante 180 días. En ese lapso el Supremo Tribunal Federal analizará todo el proceso y, si se confirma el delito, la señora pierde sus derechos ciudadanos. Lo puede evitar si renuncia voluntariamente, como lo hizo Fernando Collor de Melo, 24 años atrás.

El juicio político es constitucional, las interpretaciones son absolutamente políticas. El PT estuvo en las calles para que a Collor se lo enjuicie, pero ahora usa la figura del “golpe de Estado parlamentario”. Mientras dure el juicio debe asumir la Presidencia el actual vicepresidente yex aliado del PT, Michel Temer. Resulta paradójico que quien dirige el Congreso, Eduardo Cunha, al igual que Lula, también está embarrado con el escándalo ‘Lava jato’. Entre las lecciones que quedan es que Lula perdió la fuerza que tenía antes para articular alianzas y mayorías, para movilizar a las masas en las calles, pero, para suerte de él, sus exaliados no dejan de ser cómplices de la corrupción; por lo tanto se hunden todos o no se hunde nadie.

@flarenasec