La agresividad con que el Gobierno ha manejado las relaciones con los medios de comunicación podría cerrar con broche de oro el proceso de adjudicación de frecuencias de radio, en el que al menos tres conocidas y reputadas radioemisoras están al borde de que les sean birladas: Radio Visión, Exa FM y Ondas Azuayas, las tres con amplia trayectoria, decenas de años al servicio de la información nacional.
Desde que se aprobó la Ley de Comunicación, en la que, entre otras cosas, se dispuso que las frecuencias sean adjudicadas igualitariamente a los segmentos público, privado y comunitario, la historia ha sido de acoso y amedrentamiento al que se atreve a discrepar con la versión oficial o entrevista a cualquier persona que lo hace. El amedrentamiento implícito en la Ley y en la declaración constitucional de que la información es un servicio público en lugar de un derecho, ha devenido en la práctica desaparición del periodismo de investigación, indispensable para combatir el abuso de los gobernantes y la corrupción. No solo a nivel nacional, sino en el mundo entero el periodismo de investigación permite que se conozcan los grandes fraudes y abusos de los gobernantes. Como ejemplo reciente, lo que ha sucedido en Petroecuador y con los contratos de la compañía Odebrecht. No han sido ni la Fiscalía ni la Contraloría y menos ese cooptado Consejo de Participación Ciudadana los que han actuado descubriendo los atentados contra la ética y la moral. Los veedores nombrados por el propio gobierno para investigar los contratos del hermano del Presidente están enjuiciados y con orden de prisión. El Consejo de Participación Ciudadana no ha evidenciado un solo caso de corrupción y la Asamblea Nacional no es sino una sucursal –disminuida- del ejecutivo.
En el caso de Radio Visión están presentes dos ingredientes adicionales: un funcionario coordinador del proceso en Arcotel es miembro de la Iglesia Cristiana Verbo, que opta por la frecuencia, y la Iglesia ha estado relacionada con el dictador centroamericano, Efraín Ríos Montt, que asumió el poder tras un golpe de estado después de perder dos veces las elecciones y que fue condenado a 80 años de prisión por genocidio: solo en su gobierno se le atribuyen 35 000 muertes de indígenas gutemaltecos. Cuando asumió el poder dejó la coordinación de la Iglesia que ahora pretende desplazar a Diego Oquendo del ejercicio periodístico.
Tanto Diego Oquendo, como Gonzalo Rosero y Gustavo Cardoso, son periodistas con trayectoria limpia y mística, con sus virtudes y sus defectos, sobre los que prima un reconocido y honesto ejercicio profesional y cívico, que informa y permite expresarse al ciudadano. Birlar es quitar con malas artes y es lo que se pretende hacer. A cuidar todos que no birlen las frecuencias -a los periodistas, a la sociedad y a los ciudadanos, que perderíamos voces libres y espacios democráticos.