José Ayala Lasso

Assange y el Ecuador

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Con júbilo, el ministro Patiño predijo a principios de mes, que Assange, asilado en la Embajada del Ecuador en Londres, saldría libre porque el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias estaba examinando el caso. El Grupo, en efecto, recomendó que Suecia y Gran Bretaña, cuya justicia busca a Assange, faciliten la solución de este complejo problema.

Oportunamente criticamos al Gobierno por haber innecesariamente auspiciado el asilo de Assange. El Ecuador fundamentó su decisión en las convenciones americanas sobre la materia. Assange nunca se sujetó a las normas que tales acuerdos establecen en cuanto a la conducta que debe observar el asilado. Convocó a conferencias de prensa y hasta promocionó su candidatura al Parlamento australiano. Sin embargo, sería necio desconocer que su vida como asilado ha estado sujeta a limitaciones que un buen abogado aduciría que llegan hasta el extremo de afectar al goce de sus derechos humanos.

El Grupo de Trabajo de la ONU consideró que Assange está sometido a una arbitraria privación de la libertad. Igual criterio mantuvo, en septiembre de 2015, sobre el político venezolano Leopoldo López. Las diferencias con este son obvias. Si Assange fuera víctima de una detención arbitraria, cabría preguntar quién lo detiene. No el Ecuador que, por el contrario, le ha otorgado el asilo que solicitó y al que Assange puede poner fin el momento que lo decida. El Grupo de Trabajo ha considerado que Assange “sería detenido” por la Policía británica si saliera de la Embajada.

Dudo que esa situación corresponda a una “detención arbitraria”, pero la decisión del Grupo debe entenderse como una interpretación válida de las normas relativas a los derechos humanos. Quienes aplauden la opinión del Grupo en el caso Assange debieron haber observado el mismo criterio sobre el caso López y no acusar entonces al Grupo de intervenir en asuntos internos de Venezuela.

Gran Bretaña y Suecia han negado validez a la decisión del Grupo. Han reiterado que las convenciones americanas sobre asilo no les obligan y han añadido que el derecho europeo les exige cooperar judicialmente a fin de que se cumpla la orden de extradición para que Assange responda ante la justicia sueca.

Por lo tanto, Assange sigue asilado en la Embajada del Ecuador y podrá salir de ella únicamente cuando él lo decida. Creo que así como el Ecuador, en su condición de país asilante, no debe cambiar su criterio sobre el asilo, Gran Bretaña y Suecia, por su parte, están condenadas a seguir esperando hasta que Assange se desespere.

Mientras tanto, es cuestionable que la Ciespal haya creado una cátedra universitaria con el nombre de “Assange” para honrar a un “ícono de la libertad de información” que, a la vez, es un perseguido por la justicia sueca y británica, acusado de abusos sexuales.

jayala@elcomercio.org