Tanto se habló de la “meritocracia” que incluso se creó un instituto, pero durante siete años de administración los resultados no reflejan lo que en el discurso reiterado y en el papel se impuso. Una de las evidencias se expresa en la aprobación de leyes incompletas, confusas y mal elaboradas que en muy poco tiempo de vigencia se plantean reformas, cuando la Constitución consagra el derecho a la seguridad jurídica
con normas claras.
Los ejemplos sobran pero solo bastaría citar dos últimos casos importantes: el Código Integral Penal y el Código Monetario. A estos se suma la Constitución, que en menos de seis años ya se proponen cambios de forma y de fondo a medida de las necesidades políticas del poder de turno. Lo grave de todo es que se advirtió a tiempo lo que se proyectaba aprobar, muchas de ellas barbaridades, pero se impuso a rajatabla lo que quisieron, sin meditar sus implicaciones. Luego, representantes del Ejecutivo y la Legislatura han aceptado los errores
(a confesión de parte, relevo de prueba).
La dinámica actual obliga a los cambios periódicos pero una cosa es la actualización de las normas y otro los errores que pudieron evitarse si se escuchara a tiempo a las diversas voces de la experiencia y de quienes han conducido instituciones con éxito. Ese ha sido el caso de Solca, que contribuye con eficiencia a la lucha contra el cáncer.
Uno de los yerros que fuera cuestionado en su oportunidad se relacionó con la decisión de eliminar el aporte automático a las operaciones bancarias que financiaba la actividad de Solca, institución sin fines de lucro, que es un ejemplo de trabajo en su lucha contra el cáncer, que debieran hacer igual en este campo los hospitales públicos, que tanto se defiende su gran transformación, a sabiendas que la Constitución determina que el Estado es el responsable de garantizar la atención integral en salud pública.
El Gobierno eliminó este impuesto con el argumento de que el Estado le compensará en el presupuesto fiscal. Empero, la demanda de atención creció pero el Gobierno mantenía el monto anterior al 2009 y por ello tuvo que represar obras y la compra de equipos. Felizmente la empresa privada llegó con algo de ayuda y le entregó un acelerador lineal y un tomógrafo multicorte. A esto se sumaron las demandas de pagos por concepto de atención gratuita a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.
Ha pasado el tiempo para hoy tratar de volver a garantizar en el Código Monetario la entrega periódica de los recursos tan necesarios para la institución, aunque no soluciona la forma de enfrentar las crecientes enfermedades catastróficas. La lucha de Solca fue permanente y sin embargo no dejó de atender. Al contrario, lo hizo con grandes esfuerzos, aunque en medio del crecimiento de la demanda y de dificultades económicas como resultado de la novelería del cambio de época.