El transporte público y el efecto resortera

¿Hasta qué punto las decisiones políticas afectan al normal desarrollo de la comunidad? Lo ocurrido en la última sesión del Concejo Metropolitano de Quito, que dilató la decisión del alza de los pasajes de transporte urbano en el Distrito, muestra esta dinámica.

Quito tiene un problema con su transporte público: hay cooperativas de buses, pero dentro de ellas poco se hace para que funcione ese modelo de organización. El dueño de cada unidad vela por sus propios intereses y no ve el conjunto. Ese modelo está muy lejos de desaparecer. No hay voluntad política para que eso se enmiende.

Ese cooperativismo no cooperativista genera varios problemas: carreras de buses en las calles, irrespeto a las paradas, buses que circulan en circuitos sin demanda por lo que contribuyen a la contaminación en la ciudad. Y, sin embargo, ese modelo se mantiene inmune.

Si se agrega que, en vez de atacar este problema, el Concejo autorizó el gasto de USD 38,9 millones en compensaciones para los dueños de 2 162 unidades de transporte, se aprecian dos cosas: no hay conciencia del problema de que cada bus sea una compañía independiente de su cooperativa, y hay miedo a tomar acciones por las repercusiones de quedarse sin el apoyo en el plano político.

El pasado 24 de enero se cumplieron 15 años del último aumento de tarifa: el pasaje ‘popular’ pasó de 14 a 18 centavos y el ‘especial’ de 20 a 25. Una vez que en marzo del 2005 desapareció el primero, la tarifa homologada fue la del cuarto de dólar, que aún se paga en cada viaje, como si no hubiese pasado el tiempo, ni la vida, ni la inflación. Mientras tanto, se acerca la hora en que el Metro debe funcionar y hasta eso, el pasaje combinado (Metro, Trole y Ecovía) deberá subir irremediablemente.

Pasan los días, los meses, los años y la sensación de la ciudadanía es que la solución definitiva se va alargando, y sus consecuencias serán proporcionalmente equivalentes a cómo se las estiró. El efecto resortera.

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