Frente a las diferentes inquietudes para preservar la pureza del sufragio este 2 de abril, cuando se desarrollará la segunda vuelta para elegir al nuevo Presidente y Vicepresidente del Ecuador, el papel de las misiones internacionales adquiere una relevancia mayor.
Si bien sus representantes no son actores políticos partidistas, ni pueden inmiscuirse en asuntos internos del país, su acompañamiento sumará a la confianza de un proceso que ha sido señalado tanto desde el oficialismo como de la oposición.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe facilitar -como se ha comprometido- la tarea en las juntas receptoras del voto a los observadores que han sido acreditados. También velar para que cuenten con las condiciones para acceder a la información pública y oficial de la jornada electoral sin contratiempos.
Los integrantes de las misiones, por su parte, están llamados a conducir la veeduría electoral con imparcialidad, equilibrio y dentro de la normativa interna. Sin favorecer a uno u otro candidato ni declarar el triunfo de una candidatura o una tesis de cualquiera de los postulantes.
Eso deberá reflejarse también en sus informes técnicos posteriores que, aunque no son vinculantes, han permitido mejorar los procesos democráticos en el país, con la implementación de algunas observaciones.
En la primera vuelta electoral, una de esas observaciones estuvo dirigida a los actores políticos que pasaron al balotaje.
Se pidió que no festejen (como ocurrió en las elecciones pasadas) ni se den por ganadores antes de que sean proclamados los resultados oficiales, porque eso ahondó la incertidumbre entre los votantes y no ayudó a tener un ambiente de paz. Sobre todo porque los resultados para conocer si había una segunda vuelta electoral resultaron apretados.
Si algo similar ocurre en la jornada del siguiente domingo, esa violación al silencio electoral puede ser nociva para el proceso y la democracia en el país.