18 de August de 2010 00:00

La opción del vacío

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Carlos Larreátegui

Recurriendo al mecanismo de la revocatoria del mandato previsto en la Constitución de Montecristi, Carlos Vera, activista político y, en su momento, fervoroso simpatizante de Rafael Correa, ha iniciado la recolección de las casi dos millones de firmas necesarias para activar una consulta popular que pretende cesar al Presidente de la República. Según Vera, el país esta listo para expresar su repudio e indignación hacia el Primer Mandatario y liquidar el proyecto unipersonal de Alianza País desde su centro nervioso. Más allá del ruido y entusiasmo que ha provocado esta iniciativa en ciertos sectores de oposición, la propuesta presentada por Vera luce extremadamente pobre en términos políticos y prácticos.

La revocatoria planteada no conlleva un proyecto político integral que sirva de alternativa a la situación presente y que genere confianza en el futuro. La simple destrucción del esquema actual no es una opción responsable para un político serio; es necesario presentar un verdadero programa, dotado de principios y objetivos concretos, con un esquema claro de organización del poder político y un equipo humano que lo sustente. El país ha sufrido demasiados fracasos en los experimentos unipersonales y mesiánicos que han gobernado el país sin programas y guiados por las frívolas, cambiantes y desinformadas corrientes de opinión pública.

Desde un punto de vista práctico, la revocatoria prevista por Vera tiene escasas posibilidades de éxito. No será demasiado difícil, es verdad, conseguir las firmas requeridas por ley; muchos ciudadanos las consignarán sin chistar. Lo verdaderamente complicado será enfrentar el proceso electoral sin alternativas reales a la situación presente ni rostros que las encarnen. Accionar un mecanismo tan complejo, costoso y desgastante para presentar al país la opción del vacío, a más de ingenuo luce altamente irresponsable.

El Ecuador no necesita nuevos redentores; los hemos sufrido en demasía. Requerimos, hoy más que nunca, una sólida institucionalidad y el Estado de derecho que trituramos colectivamente hace muchos años. Si lo que interesa verdaderamente es el país, resultaría más sensato emprender la revocatoria del mandato de la Asamblea Nacional a fin de reestructurar el Poder Legislativo y desde ahí reorganizar las funciones del Estado, particularmente la autoproclamada Corte Constitucional, la Corte Electoral, y la Función Judicial. En términos prácticos, además, esta vía tendría buenas posibilidades de éxito, considerando el enorme desprestigio que afecta a la Legislatura. Debemos estructurar con urgencia un Estado moderno, democrático y respetuoso de la ley en lugar de alimentar ficciones y proyectos mesiánicos que buscan, por enésima vez, “refundar” la República bajo “inspiraciones personales o divinas”.

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