Farith Simon

ONU asegura que…

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17 de December de 2012 00:01

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, fue conmemorado en algunos medios oficiales de comunicación pasando revista a los informes sobre el estado de los derechos en esta época de “revolución ciudadana”.

Por ejemplo, el Informe 2012 de Amnistía Internacional no recibió cuestionamientos. De acuerdo con un vocero gubernamental esto no era necesario porque los abusos allí denunciados se habían cometido en otros gobiernos.

La versión oficial tiene un problema, el reporte reproduce un informe de dicha organización: “Para que nadie reclame nada”¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?”, que se refiere a hechos acaecidos en su mayoría entre el 2007 y el 2012.

En julio, cuando se lo presentó, el oficialismo sostuvo que el informe era resultado de una metodología errada y, de acuerdo con un ex activista de derechos humanos, hoy funcionario público, había sido elaborado por una organización que no entiende la nueva situación nacional y qué es “eurocéntrica y norte céntrica, que descuida los procesos de cambio y las nuevas realidades de América Latina”.

Al contrario, los medios públicos resaltaron la aprobación internacional a la gestión gubernamental en la materia: “La ONU asegura que Ecuador respeta derechos humanos” y “Ecuador pasa el año en derechos humanos, según la ONU”, son dos de los titulares más llamativos en los medios públicos. La información se “sustentaba”, además de las declaraciones de un funcionario de la organización, en las observaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos al Informe Oficial presentado por Ecuador.

El Comité reconoce logros en la gestión gubernamental: la aprobación de la Constitución y leyes, la ratificación de varios instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos fallos de la Corte Constitucional, la disminución de la pobreza. Sin embargo, en el documento no existe tal aprobación por parte de la ONU, al contrario se resaltan más de 30 “motivos de preocupación”.

Algunos ejemplos: la ausencia de consultas que permitan expresar el consentimiento de los pueblos y nacionalidades a proyectos de explotación de recursos naturales que les afectan; las investigaciones y condenas penales contra líderes sociales e indígenas que han participado en manifestaciones contra el Gobierno; la situación de migrantes y solicitantes de refugio; los estereotipos de género que colocan a la mujer en estatus inferior en la familia y la sociedad; la violencia sexual y explotación contra niñas y mujeres, en particular el abuso sexual en centros educativos y los limitados resultados de investigaciones judiciales en esos casos; la elevada tasa de embarazo adolescente; las normas penales sobre aborto; el maltrato en el sistema educativo. Usando las mismas fuentes del oficialismo se puede afirmar que el régimen no aprobó el año en materia de derechos humanos.