17 de March de 2011 00:00

Olor a tufo

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El asambleísta Galo Lara prácticamente ha sepultado a la Corte Constitucional, la cual carece de toda credibilidad. El fallo dictado por la mayoría de sus miembros, primero a favor de la Cervecería Nacional y luego en su contra, en el reclamo presentado por varios de sus ex trabajadores por una supuesta falta de pago de utilidades, ha dejado un olor a tufo. No sé si ese fallo sea producto de una venganza, como algunos sostienen, pero a mí, me ha dejado un mal sabor en la boca. Me cuesta trabajo creer que una empresa de la importancia de la Cervecería haya contratado por más de un millón de dólares a un profesional desconocido (quien además cuando lo contrató, ni siquiera era abogado) para que la defienda en uno de los casos más importantes que ésta ha tenido durante los últimos años.

Igual trabajo me cuesta pensar que un asunto netamente laboral se convierta a todas luces en uno constitucional, pese a que estoy consciente que de acuerdo al neoconstitucionalismo en el que vivimos, en el que la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal, los asuntos civiles, comerciales, tributarios, e inclusive penales, pueden terminar hoy en día en la Corte Constitucional. No podemos permitir que se haga un mal uso de la Carta Fundamental del Estado, para favorecer o perjudicar a nadie.

Como el Código del Trabajo establece que el reclamo por concepto de pago de utilidades prescribe en tres años, quienes argumentan ser ex trabajadores de la Cervecería y perjudicados por ésta, demandaron su pago por la vía constitucional, haciendo mal uso de la acción de protección y a sabiendas de que sus derechos prescribieron hace años. Por la vía laboral, solo pudieran reclamar el pago de utilidades del 2007 en adelante.

Como en la Asamblea no se logró la destitución de la Corte Constitucional, por sanidad moral, sus miembros deben renunciar, más aun cuando ésta ya ni siquiera cuenta con el apoyo oficial, aunque políticamente, en víspera de una consulta popular, no le conviene al Gobierno presionar para que sus miembros se vayan a sus casas.

Ojalá que la investigación que ha iniciado el Fiscal General, respecto de los supuestos casos de corrupción en esa Corte, de los resultados deseados y que ello sirva de base para que se combata duramente a la corrupción y muy concretamente, para que se reestructure la Función Judicial, la cual está muy desprestigiada.

La última resolución dictada por la Corte Constitucional, así como la de los jueces que han conocido este caso, incrementan la inseguridad jurídica en la que vivimos.

Sin perjuicio de los recursos que las partes puedan interponer respecto de la sentencia, mediante la cual se ordena a la Cervecería pagar 90 millones de dólares, temo que todo el escándalo suscitado al respecto, va a tener serias repercusiones en el país, pues ya otros grupos de trabajadores anuncian demandas similares.

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