La deuda de la justicia con el país sigue siendo enorme y por ello hay que estar pendientes de la actuación de sus operadores. Si hay descuido, cualquier cosa sucede y se evidencian en las sentencias o retardos y dilatorias en los procesos. La impunidad y la desigualad en la aplicación de los códigos y las leyes se muestran en casos concretos.
Hace poco el Presidente concedió indulto humanitario a un señora adulta mayor sentenciada a ocho años, mediante fallo de un Tribunal del Guayas, con la acusación de haber cometido peculado con un perjuicio de 455 dólares, sin atender el principio de proporcionalidad. La señora, de 72 años, sufre enfermedades crónicas: diabetes, discapacidad visual, hipertensión arterial, insuficiencia renal.
Contrasta con grandes casos de los poderosos que han metido mano en la justicia y resulta muy laborioso lograr que se actúe con imparcialidad y diligencia. Cuántos procesos están pendientes por delitos de concusión, cohecho, peculado, testaferrismo, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita ocurridos en el correísmo, pero también en la actual administración (dos vicepresidentes sentenciados, uno en la cárcel y otra esperando la ejecución de una tibia sentencia).
Hoy está en manos de tres conjueces (que han tenido actuaciones cuestionadas) el recurso de casación en el caso Sobornos en el que la Fiscal y el Procurador presentaran pruebas contundentes para demostrar el delito de cohecho agravado y por ello dos tribunales penales ya sentenciaron y confirmaron en dos instancias a 8 años al prófugo en Bélgica y otros ex altos funcionarios y empresarios financistas de la revolución ciudadana, que se beneficiaron hasta con préstamos personales. Según el COIP, esta semana los conjueces deben realizar la audiencia de casación y el país debe estar pendiente de su actuación.
Igual sucede en la justicia electoral, en donde existen jueces y juezas respetables por los fallos que han emitido pero también otros dictámenes que han evidenciado favoritismo a un sector que ha sido cuestionado por sus fechorías que les ha llevado a la cárcel a una parte de sus miembros. Debe recordarse que el jefe de una organización política, a la que se pretende favorecer con un fallo en una demanda de otro movimiento, fue sentenciado a 10 años por corrupción.
Qué decir de la actuación de abogados, conocidos por sus acciones en defensa de causas por corrupción y se han especializado en eso. Hoy, seguramente a cambio de jugosos honorarios, ponen su cara, repiten lo mismo de perseguidos políticos y exhiben estrategias para generar incidentes judiciales. Qué diferencia con respetables juristas honestos, penalistas y académicos, que han dado cátedra con sus enseñanzas y han sido coherentes en sus actuaciones en el libre ejercicio profesional.