José Ayala Lasso

Almagro critica a Maduro

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El Secretario General de la OEA ha dirigido una nueva carta a Venezuela, al presidente Maduro, recordándole que la Carta Democrática Interamericana impone la obligación de respetar la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas, fortaleciendo así la democracia.

En noviembre pasado, Almagro denunció las condiciones de discriminación favorable al oficialismo en que se desarrollaba la campaña electoral y dijo que las obligaciones de Venezuela con la democracia trascienden su propia jurisdicción. En respuesta a quienes le acusaron de interferir en asuntos internos de Venezuela recordó, sin mencionarla, la doctrina Roldós que reconoce la legitimidad del interés de la comunidad internacional en la democracia y los derechos humanos y su facultad para defenderlos.

La gestión de Almagro se origina en las maniobras del Gobierno venezolano que, si bien inicialmente aseguró que respetaría el pronunciamiento popular de diciembre, ha ido tomando decisiones para obstaculizar que el Parlamento elegido dé ejecución al mandato que recibió del pueblo en lo tocante a la rectificación de las políticas que han llevado a Venezuela al estado de crisis en que se encuentra.

La carta de Almagro, rica en análisis doctrinarios y jurídicos, critica la integración de los poderes del Estado y de los organismos de control “en función de la política partidaria”, lo que induce a “presuponer” que sus decisiones tendrán un claro “carácter político”. Es inequívoca su condena a “la utilización del poder público para silenciar y acosar a la oposición, la violación de los frenos y contrapesos propios de la separación e independencia de los poderes, el nombramiento oportunista de miembros del poder judicial, la injerencia en distintos poderes del Estado”, todo lo cual produce una “erosión de la democracia” y contraviene los principios fundamentales de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana.

El pronunciamiento de Almagro será seguramente criticado por quienes se identifican con las políticas del presidente Maduro, pero constituye una saludable interpretación práctica de la capacidad de acción que tiene y debe ejercer el Secretario General de la OEA para contribuir eficazmente al mantenimiento y fortalecimiento de los principios de democracia y derechos humanos que nuestro continente ha consagrado en sus más importantes compromisos internacionales.

Los principios y la doctrina que han movido a Almagro a actuar en el caso de Venezuela son, sin duda, aplicables a otras latitudes políticas de nuestro hemisferio en donde la independencia de los poderes del Estado y la consulta directa al pueblo han pasado de moda frente a las exigencias de la “revolución”.

Almagro debe estar atento a estas realidades para cumplir con lo que, acertadamente, ha reconocido que son sus obligaciones.