En sus últimas cadenas sabatinas, el Presidente ha anunciado, reiteradamente, su intención de prohibir la importación y la fabricación de calefones a gas en el país, para restringir el consumo de ese combustible, lo cual, como es obvio, causa gran preocupación en la ciudadanía, especialmente de la Sierra, porque la mayoría utiliza a diario ese aparato para calentar agua para bañarse.
El ex presidente Osvaldo Hurtado manifestó, en reciente entrevista, que, gracias al calefón, los serranos se bañan ahora todos los días y que dicho anuncio “es una de las tantas ocurrencias que suele tener en las sabatinas el presidente Correa, quien primero habla y luego piensa.
Por eso se expresa así. No es la primera vez que incurre en esas metidas de pata’”.
En realidad, antaño era complejo calentar agua en recipientes para bañarse y, en caso de que llegare a consumarse esta ‘ocurrencia’ del líder de Alianza País, habría que volver a viejas costumbres, superadas hace algunas décadas, gracias al calefón a gas. No habría cómo confiar en los artefactos eléctricos: ducha, calefón o termostato, por el costo de la tarifa y por el peligro de apagones, que serían más propensos porque aumentaría considerablemente el consumo de corriente eléctrica.
Los detractores recuerdan que, hace poco tiempo, el Gobierno de la revolución ciudadana propició la utilización masiva de focos ahorradores para evitar los apagones y afirman que, como la mayoría de las familias de este país petrolero tiene cocinas a gas, se verían obligadas a recurrir a la electricidad, pero, según la norma establecida para solucionar esa clase de problemas, probablemente se prohibiría la importación y fabricación de cocinas eléctricas, por lo que no quedaría otra alternativa que volver a la leña, al carbón o al kérex.
Ya en el campo de lo real, los gobernantes deberían considerar la conveniencia de, por lo menos, duplicar el actual precio subvencionado de venta del gas, que tiene enorme costo para el Estado. Una familia de clase media consume, como promedio, un tanque de 15 kilos cada mes en la cocina y otro cada dos meses en el calefón, lo que significa un gasto adicional de aproximadamente tres dólares mensuales o 10 centavos diarios, que no sería mayor sacrificio. Para las familias de menores recursos económicos el incremento sería inferior y el Gobierno podría aumentar en esa proporción el llamado ‘bono de la dignidad’.
Así, de paso se frenaría algo el contrabando de gas a los países vecinos. Son simples ideas bien intencionadas.
Así mismo, el Gobierno, con el frondoso equipo de comunicación y propaganda de que dispone, como nunca antes en nuestra historia, podría y debería explicar a la ciudadanía la necesidad de esa impopular medida y lograr su comprensión y acogida.