La resolución referida a las protestas, aprobada por la Asamblea Nacional, y que según su oficina de prensa ‘reconoce el derecho de la ciudadanía a manifestarse democráticamente’, es un retrato de cuerpo entero del cinismo con el que la mayoría oficialista trata el conflicto político.
Desde el repentino cambio de discurso de muchos de los asambleístas destinado a justificar el trámite por vía legislativa de la enmienda constitucional que introduce la reelección indefinida (reiteradamente habían expresado su convicción del valor de la alternancia y su rechazo a la reelección indefinida), poco puede creerse en su autonomía; no solo dejaron de lado su discurso, repetido antes con convicción, sino que empezaron a defender esa reforma como un ejemplo de profundización de la democracia.
Muchos de esos asambleístas fueron constituyentes, cuando estaban en esa posición se llenaban la boca con el discurso de la participación ciudadana para decidir sobre temas trascendentes, ponían como ejemplo de constitucionalismo participativo al mamotreto de Montecristi, estos son los que ahora repiten una y otra vez, que ellos (menos de 100 personas) pueden cambiar un instrumento aprobado por millones (sin importar el agrado o desagrado por su contenido) en un referéndum.
Son esos mismos asambleístas de Alianza País que guardaron –casi en su totalidad- silencio cómplice cuando sus compañeras fueron reprendidas por la osadía de presentar una propuesta que no era del gusto del Presidente y aceptaron sin decir una palabra las restricciones a su facultad de pedir información y renunciaron en la práctica, a fiscalizar al Ejecutivo; esos mismos asambleístas, más un grupo de funcionarios de alto rango, son los que quieren reducir las múltiples expresiones de descontento que se escenificaron -durante varios días en algunas ciudades del país- a ‘acciones de grupos violentos que han provocado y agredido a la fuerza pública y en contra de la propiedad pública y privada (sic)’ y califican a esas movilizaciones como un ‘intento desestabilizador del sistema democrático y constitucional’.
Los asambleístas de oficialismo, obsecuentes con los designios de una persona, son los que ahora convocan a la sociedad civil a ‘sumarse a un gran diálogo nacional’ y se asignan un rol ‘preponderante en la búsqueda de acuerdos políticos’; son los mismos asambleístas que se asignan un ‘espíritu democrático’ los que durante meses, a propósito de las enmiendas constitucionales que permite la reelección indefinida, han promovido una parodia de participación bajo la etiqueta de ‘diálogo ciudadano’, que se reduce a oír sin escuchar; estos son los que convidan desde la Asamblea a un ‘diálogo por la justicia social’ que sabemos es un juego de máscaras y sombras, destinado a la intrascendencia, porque Alianza País desde hace mucho tiempo es como Narciso, no deja de ver su rostro reflejado en el espejo de una laguna, mientras los demás somos parte del paisaje, del decorado, solo servimos para su lucimiento, porque su idea de ‘diálogo democrático’ es el silencio cómplice o el ruido aprobatorio.