Es probable que, con un oficialismo apremiado electoralmente, se ahonde el estilo de crispación y de conflictividad con aquellos sectores críticos del Gobierno.
Detrás de “la guerra por el papel” que lanzó la Primera Mandataria, durante un prolongado discurso en la Casa de Gobierno y difundido por la cadena nacional, el oficialismo procura generarles un severo daño económico y moral a medios que no se han mostrado afines al Gobierno.
La embestida de la Jefa de Estado contra Papel Prensa se basó en tres supuestos: que es un monopolio; que ha sido administrada en beneficio de sus accionistas privados, esto es, Clarín y La Nación, y que las acciones de la empresa fueron adquiridas a la familia Graiver utilizando de prácticas del terrorismo de Estado.
Papel Prensa es el principal proveedor de papel de diario y abastece el 75% del consumo. El restante 25% es importado sin aranceles, lo cual coloca a la empresa en una situación de competencia que ninguna otra industria enfrenta: debe competir con productos importados sin protección. Es la antítesis del monopolio.
Tanto la Primera Mandataria como la representante del Estado en Papel Prensa, Beatriz Paglieri -hasta no hace mucho controvertida interventora en el Indec, acusada de manipular las estadísticas oficiales- recalcaron que la papelera no había realizado inversiones, situación que justificaría su intervención.
Un razonamiento más que peligroso para el derecho constitucional de propiedad. Según el criterio oficial, si una empresa mayoritariamente privada no invierte como al Gobierno le gustaría que invierta, podría ser intervenida o estatizada. Un criterio que acerca al kirchnerismo cada vez más al régimen venezolano de Chávez.
La más grave acusación contra los accionistas privados de Papel Prensa es la denuncia de que Clarín, La Nación y La Razón se habrían “apropiado” de la empresa con “amenazas, apremios ilegales, secuestros, provocaciones ilegales de la libertad, interdicciones de bienes y torturas” contra la familia Graiver.
El discurso ha sido refutado por los medios acusados, en tanto los integrantes de la familia Graiver fueron ilegalmente detenidos más de cinco meses después de producida la venta de sus acciones, cuando salió a luz la relación financiera entre David Graiver y los Montoneros. Restablecida la democracia, varios de esos familiares, ante la Justicia, nunca dijeron haber sido detenidos antes o durante la venta de las acciones.
Opositores consideran manipular los hechos históricos con un fin claramente político, recurriendo a tergiversaciones, la Primera Mandataria ha bastardeado los derechos humanos.