Manuel Terán

Nuevo escándalo

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El país se ha conmovido, como otros en la Región, por la información hecha pública por la Corte del Distrito de Nueva York, en la causa que se sigue en contra de la empresa Odebrecht S.A., en la que se detalla que esa compañía pagó, entre 2007 y 2016, la suma de $ 33.5 millones a funcionarios gubernamentales, lo que le reportó utilidades de alrededor de $116, como resultado de los mismos. (párrafo 56 del doc.). La reacción del gobierno nacional en torno a este tema no se encuentra a la altura de lo que semejante difusión amerita. Por un lado ha mencionado que impulsará las investigaciones “caiga quién caiga”, es lo que corresponde. Pero por otra parte ha emprendido una campaña para decir que fueron ellos quienes expulsaron a la compañía del país por problemas que tenían en sus contratos. Así fue, pero la empresa volvió, coincidentemente después de una visita del ex presidente brasileño Lula Da Silva, a quién le llegan las acusaciones de haber sido el más eficiente “emisario” de la compañía, principalmente con los gobiernos de su misma tendencia. Y desde su retorno la empresa resultó adjudicada en licitaciones de importante envergadura. El gobierno indica que tales procesos fueron realizados de manera limpia y transparente y que los organismos de control no han encontrado irregularidades. Pero si revolvemos los periódicos de la época podemos encontrar que había malestar de parte de compañías locales por cuanto existía la duda si se había beneficiado o no a la empresa brasileña en desmedro de las primeras.

También se deslinda de los procesos llevados a cabo por el Municipio de Quito en los que la compañía en ciernes resultó ganadora. Allí hay que resaltar que la construcción de la Ruta viva, y el proceso de selección de firmas para la construcción del Metro de Quito fue llevado a cabo por la anterior administración de la ciudad, a cargo de filas gobiernistas.

Con estas aseveraciones de ninguna manera se puede evaporar la obligación que tienen las autoridades locales de investigar a fondo este asunto con la celeridad del caso. Las noticias ya dan cuenta que en Colombia hay indicios de quiénes eran los intermediarios de estas trafasías. Igual cosa en Argentina. ¿Existe confianza en la ciudadanía que la Fiscalía y los órganos judiciales competentes actúen oportuna y adecuadamente para identificar a los que recibieron estos pagos denunciados?

El hecho es de una dimensión enorme y tiene que ser debidamente aclarado. Lo peor que le puede suceder a las autoridades, como en casos anteriores, es que los responsables sean identificados y señalados por investigaciones foráneas. Ya ha sucedido que las proclamas de pulcritud iniciales terminan con revelaciones escandalosas de cuentas millonarias de ex funcionarios en el exterior. No vaya a suceder lo mismo en esta ocasión o, peor aún, que la información llegue primero a los posibles implicados, antes que a las autoridades de turno. Lo que es seguro es que ahora lo pensarán dos veces antes de ir a Miami.

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