26 de April de 2010 00:00

Nueva Ley de Aguas

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Benjamín Rosales Valenzuela

He revisado la Ley de Aguas vigente en Ecuador, recién codificada en el 2004, y encuentro que es buena, bastante actualizada, por lo que se me hace difícil comprender ¿cuál es la urgencia de la Asamblea de hacer una nueva?, sobre todo cuando existen otros aspectos legales que sí requieren actualización.

Sin embargo, esta es una prioridad del Gobierno y del órgano Legislativo, y algunos artículos propuestos en la ley en discusión causarían destrucción de industrias y servicios que generan empleo y bienestar. Parecería que ese es el propósito de algunos dirigentes indígenas y funcionarios que promueven los cambios.

En los últimos lustros se han desarrollado industrias de agua embotellada, supuestamente ozonificada y sin cloro, que ha tenido acogida del público por razones de salud. Se pretende afectarla porque “ganan mucho”, cuando en realidad es altamente competitiva con calidades y precios.

Muchos sitios de aguas termales, en nuestro país como en otras partes, son concesionados, de tal manera que las instalaciones se manejan privadamente permitiendo a los usuarios disfrutarlos con comodidad e higiene, algunos pretenden que todos sean públicos, lo que afectaría a los usuarios y al turismo en general.

Las intenciones manifiestas de grupos indígenas es poder vetar e impedir, a través de la Ley de Aguas, el desarrollo de la industria minera moderna, a pesar de que si esta es regulada adecuadamente no debe causar contaminación. Parece que ecologistas extremistas influencian en la dirigencia indígena para imponer su visión, de un Ecuador sin gran minería ni explotación petrolera. No importa que la utilización de esos recursos produzca empleos y riqueza.

Hace 40 años, técnicos ecuatorianos desarrollaron el cultivo del camarón que hizo prosperar a provincias de la Costa, esa industria tiene una década de crisis por problemas virológicos, bajos precios y altos costos; sin embargo, en vez que el Estado la respalde como en otros países, algunos proponen que se le cobre el uso del agua de mar, quieren acabar con una actividad que genera miles de puestos de trabajo.

En los últimos años, la calidad y distribución de agua potable ha mejorado sustanciadamente en Guayaquil gracias a una concesión empresarial, es insólito que asambleístas extraños a la urbe pretendan terminar con el bienestar que esa solución ha traído a la ciudad con reformas en la ley.

Podemos entender que se quiera fortalecer la Ley de aguas actualmente en vigor, para evitar la contaminación y asegurar el acceso al líquido vital para campesinos con pocos recursos, pero no se justifica que se quiera afectar actividades que generan trabajo.

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