En 18 meses el nuevo Consejo de la Judicatura deberá transformar la administración de justicia. Hoy, está ya en colapso, en el aspecto material.
Hablo de Quito. La que existe hoy es un cúmulo de acciones judiciales, atendidas por pocos jueces y por personal prácticamente encerrado en espacios increíblemente pequeños.
Si los tres miembros del nuevo Consejo, o algún legislador deseare caminar 50 metros desde su curul hasta el Palacio de Justicia de Quito, encontrarían estas novedades: en un piso de alrededor de 400 m², funcionan 6 juzgados; cada uno con un oficial mayor y tres ayudantes. El público ingresa y prácticamente los cerca con peticiones y reclamos de rápido despacho. Cada juez recibe un promedio de 1 700 demandas por año y el trámite, en cada juzgado, corre a cargo de cuatro personas.
Además de las causas civiles (un solo juzgado recibió 939 al 20 de julio del 2011) debe atender 104 deprecatorios con encargos de otras jurisdicciones; así como decenas de informaciones sumarias.
Por si esto fuere poco, de pronto llega al juez, por sorteo, una Acción de Protección Constitucional, distinta a las de su trabajo diario y que deben ser atendidas inmediatamente.
Todo lo anterior, además de defenderse ante el Consejo de la Judicatura de las quejas que presentan contra ellos, por cualquier motivo. No pueden atrasarse ni minutos, porque están sometidos a control digital; y, además, a la firma de ingreso o de salida, en papel. El estrés es su dolencia más común.
Cada juez tiene oficina aparte. Por su tamaño reducido los usuarios les han bautizado, en sorna, como “jaulas”. Están obligados también a vigilar el trabajo de los subalternos.
Finalmente, cuando eliminaron la vacante judicial, cada empleado usa sus vacaciones anuales; y, en ese lapso, el trabajo que a él le corresponde queda paralizado, porque es imposible que el oficial mayor y los otros ayudantes lo realicen, teniendo en cuenta que ni lo de ellos alcanzan a atender.
Ojalá el propósito de incorporar tecnología utilizando internet pueda solucionar semejantes limitaciones; y concluyan que, junto a las máquinas, deben nombrar más jueces y más ayudantes. Si la Corte Suprema tenía 31magistrados y los redujeron a 21, por lo menos a los 21 conjueces deberían habilitarlos para que evacúen causas, igual que los titulares, prefiriendo a jueces de las cortes provinciales; y que los hoy llamados “ayudantes” adquieran la categoría de asesores con facultad de preparar proyectos de sentencia para que titulares y conjueces los revisen y los emitan. Todo, pagando un sueldo mejor.
Si para que el Consejo de la Judicatura tenga éxito hay que encomendarse a todos los santos, habrá que hacerlo, porque el país necesita un modelo nuevo; y para que el Fisco tenga dinero para el propósito, lo cual está en severa duda, actualmente.