El profesor de una escuela primaria de Quito tocó y fotografió desnuda a una estudiante de 11 años. Fue detenido por ‘atentado al pudor’, pero 16 meses después un magistrado pidió sancionar a los tres jueces que se habían negado a ordenar la libertad de aquel perpetrador.
¿La libertad? Sí. A mediados del 2005, el Parlamento de Ecuador había reformado el Código Penal. Y, entonces, el presidente de la Corte de Quito y otros hombres consideraron que como se había ‘despenalizado’ esa figura menor de ‘atentado al pudor’, los presos por ese delito quedaban libres.
Dato de contexto: en Ecuador no eran delitos penales la pornografía infantil ni la trata de personas ni era grave el abuso sexual de niños. La reforma al Código Penal, aprobada ese año, tipificaba precisamente aquellas figuras. ¿Curioso que un juez buscara liberar con la propia ley a un abusador? No, solo un grano de arena en ese desierto de machismo.
Tampoco fue sorpresivo que esa reforma legal en el Código Penal estuviera revestida por una lucha de años de los colectivos de mujeres y de defensa de la niñez en Ecuador y que los legisladores actuaran, con aparente urgencia, solo después del desgarrador hallazgo de niños violados y filmados por un matrimonio, bajo la fachada de una escuela de baile, en Galápagos.
Esa obsesión por marcar huella sobre hitos del calendario occidental hizo que esa reforma se aprobara el 1 de junio, en un ‘homenaje al Día del Niño’. Igual que el 25 de noviembre del 2017, aniversario 57 del feminicidio de las tres hermanas Mirabal en la Dominicana, cuando el Parlamento de Ecuador (igual reactivo por una tragedia: 153 femicidios en 2017) decidió llevar al Pleno otra lucha de esos colectivos: la Ley para prevenir y erradicar la violencia a la mujer, finalmente aprobada el 23 de enero del 2018.
Señores. Una norma no cambia a la sociedad (1 421 delitos sexuales contra niños en 2017). Si la equidad de género no se hace carne en escuelas, práctica en los servicios de salud y cotidianidad en la vida, no debe sorprender que mañana cualquiera, con su magistratura, ejerza ‘justicia’ desde nuestra lacerante cultura patriarcal.