Walter Spurrier

Nuestra plata

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7 de julio de 2014 19:57

Lo medular del propuesto Código Monetario es quién manejará nuestra plata: el banco en que hemos confiado, o el Gobierno, como propone el Ejecutivo.

Y si el dinero se va a manejar bajo criterios de rentabilidad y seguridad, como es ahora, o en función de las necesidades financieras de los planes económicos del Gobierno, como se propone en el Código.

Hasta ahora, el papel de las autoridades ha sido supervisar que los bancos manejen nuestro dinero prudentemente y no desvíen fondos para que los grupos de control compren nuevas empresas o financien las actividades de personas afines. Ahora será determinar el destino de nuestra plata.

Cuando el país se dolarizó y el sistema financiero renació de las ascuas de la crisis de 1998-1999, autoridades y banqueros acordaron que, como el Central ya no podría emitir dinero y por lo tanto no podría brindar asistencia en caso de un problema de liquidez, los bancos aportarían a un fondo de liquidez, manejado por las autoridades pero con una minoría de la banca presente.

Al cierre de 2013 el fondo tenía USD 1 643 millones, y ahora debe tener cerca de USD 2 000 millones, invertidos al cortísimo plazo, entre 2 y 13 días, y con bancos centrales de bancos centrales: el Banco de Liquidaciones Internacionales en Ginebra y el FLAR en Bogotá.

El Fondo es para prestar a bancos en momentos de falta de liquidez. Ahora se propone que nuestra plata en ese fondo pueda aplicarse a comprar papeles del Estado o para prestar a instituciones financieras para propósitos distintos a la liquidez. Se desvirtúa el objetivo y se quita una protección a nuestros depósitos.

Una reacción lógica de los bancos ante esto sería prestar menos, para hacer su propio colchón de liquidez, y reemplazar la pérdida del Fondo de Liquidez. Pero se propone en el Código que las autoridades le pongan tope a la liquidez de los bancos.

Si consideran que estos están siendo demasiado prudentes, las autoridades prestarán directamente el dinero. Pero si se equivocan y sus decisiones hacen perder plata a los bancos, las autoridades que tomaron la decisión no son responsables.

Por lo que los bancos tendrán que prestar más de lo que estimen prudente. Pero se propone que sean las autoridades las que decidan a qué sectores van los créditos y en qué condiciones, como en Venezuela.

El objetivo es que se financien las actividades que el Gobierno piensa que son el futuro de la economía nacional, lo cual tiene cierto mérito, pero poniendo en riesgo nuestro dinero, y sin que el Gobierno responda si por sus decisiones perdemos nuestra plata.

Todo esto amerita discusión a fondo y votación en la Legislatura, luego que cada asambleísta se haya formado un criterio. Pero se aprobará vía alza manos por personas que desconocen el alcance de lo que convierten en Ley de la República.