Marcelo Ortiz

Un notable fallo español

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3 de julio de 2014 20:52

Coincidente con la apurada sucesión monárquica que será analizada oportunamente, hace pocos días, la prensa española sin ningún indicio restrictivo al ejercicio de su libertad de información y expresión, difundió exhaustivamente el auto emitido por el juez José Castro en que inculpa a la hermana del flamante rey Felipe VI, la infanta Cristina de Borbón, de complicidad en los nueve delitos cometidos por su esposo Iñaki Urdangarin.

Aunque ha demorado cuatro años en concluirse el expediente por desvío y blanqueo de dinero público a través de un Instituto Nóos, por un monto de 5,9 millones de euros, este juez demostró solvencia profesional para inculpar a un miembro del nivel más alto de la monarquía, lo que obligó a que la Casa Real declare, de inmediato: “Respetamos la decisión judicial”, lo cual demuestra el total respaldo a ese poder democrático.

Comentarios de apoyo a este auto judicial, lo califican como contundente al utilizar su espacio habitual de juez y encontrar argumentos solventes, que contrastan con la limitada aportación que hizo la Fiscalía,“dependiente del Gobierno de turno, que la han colocado a España en las feas listas de la falta de independencia judicial. Y este es uno de los agujeros negros del sistema”, afirma Pilar Rahola en su columna del periódico La Vanguardia-Barcelona, del 26 de junio último. Continúa indicando que “cuando los distintos controles del poder se mezclan, se embarullan y de confunden, la democracia se convierte en un chiste. De ahí que Castro haga un gran favor a la credibilidad judicial y, por ende, al global del sistema”. El auto judicial irá a decisión final de la Audiencia de Palma de Mallorca, que quizá siga el camino ya trazado por el juez Castro.

Esta grave presunción delictiva que afronta la hermana del Rey, es un elemento más para que la posición política del bloque parlamentario de la Izquierda Unida continúe con la difusión de las tesis para la convocatoria de una consulta popular y que sea el pueblo español quien decida si todavía quiere continuar con una monarquía parlamentaria, o vivir bajo un régimen republicano.

España constituyó su primera República en abril de 1931 cuando abandonó el poder el último rey Alfonso XIII. Ese gobierno republicano lo presidió Niceto Alcalá Zamora. Como efecto contrario, a finales de 1932 ya se produjeron sublevaciones militares que comenzaron a ser auspiciadas por la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler, hasta desembocar en una guerra civil abierta desde 1936 hasta 1939, cuando Francisco Franco asumió el poder por 36 años. Antes de su muerte en 1975, dejó establecido el retorno a la monarquía. Así llegó Juan Carlos de Borbón, y ahora su hijo Felipe VI.

En nuestro medio hay que relievar este respeto a fallos judiciales, más aún si consideramos la evidente influencia presidencial en los otros poderes del Estado. Aquí todos los fallos se acomodan a la estabilidad revolucionaria, y quienes salen del esquema, son destituidos; y se reabren juicios ya ejecutoriados.

Columnista invitado