El secuestro es quizás una de las peores agresiones que se puede cometer en contra de un ser humano. No solo que se priva ilegalmente a las víctimas de su libertad, sino que además se las somete a una terrible incertidumbre acerca de su futuro, lo que genera graves secuelas sicológicas.
Pero no afecta únicamente a sus víctimas, sino también a sus familias, que son sujeto de un enloquecedor sufrimiento al no poder conocer ni el paradero ni las condiciones en que están sus seres queridos. Y, asimismo, es un crimen contra la sociedad entera, porque genera zozobra, inseguridad y pérdida de confianza en el país y sus instituciones. Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra salieron a cumplir su trabajo de informar, actividad que debería estar garantizada y protegida por el Estado, entidad que cuando funciona, mantiene el monopolio de la violencia, y que cuando no, es incapaz de velar por sus ciudadanos. El secuestro de Javier, Paúl y Efraín es una muestra de que el Estado ha fallado en esta labor y también en la de resguardar a los ecuatorianos de ataques y atentados por parte de criminales y terroristas, acontecimientos que precisamente eran los que estaban cubriendo los secuestrados.
Esa debilidad del Estado ecuatoriano para combatir el crimen organizado y el terrorismo ha quedado patente también en las expresiones de las autoridades en relación a las advertencias que se les hiciera a los periodistas sobre el riesgo de realizar su trabajo en el sector al que acudieron.
Es inadmisible que un gobierno justifique el secuestro o las agresiones a sus ciudadanos con la excusa de que estaban advertidos. Es casi como justificar una violación por cómo estaba vestida la víctima.
Pero claro, es natural que se quiera buscar pretextos cuando lo que se tiene es una enorme responsabilidad, del gobierno anterior y del actual, por el descuido en el que han tenido al sector de frontera, teniendo en cuenta, además, que los riesgos para el país que implicaba que hubiera miembros de las FARC que no plegaran al tratado de paz eran ampliamente conocidos.
Frente a ese escenario y con una frontera de alta porosidad como es la de Esmeraldas con Colombia, lo que se necesitaba era destinar la mayor cantidad de recursos e inteligencia a ese sector. Pero no, parece que se le dio prioridad a una policía secreta destinada a espiar a ciudadanos, periodistas y opositores y no a vigilar a delincuentes y narcoterroristas. ¿Por qué?
Ahora la responsabilidad del actual gobierno es cambiar esa situación y empezar a tratar el problema de la frontera norte con la seriedad y los recursos que amerita, antes de que el terror campee en el país y, por el otro lado, procurar el regreso, sanos y salvos, de Javier, Paúl y Efraín porque, hasta el momento en que termino este artículo, todavía #NosFaltan3.