Carlos Larreategui

No a los personalismos

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4 de April de 2012 00:01

La Oposición ha puesto la carreta delante de los bueyes. En lugar de trabajar conjuntamente en la construcción de una plataforma programática, los cálculos, acciones y estrategias se enfilan exclusivamente hacia los personalismos y candidaturas. Nadie habla de la reconstrucción institucional del país, de la reactivación del aparato productivo, de la recuperación del prestigio como nación ni de la ecuación estado-sociedad. El desafío más grande de una oposición auténticamente democrática no está en la elección presidencial sino en el desmantelamiento de las normas que Alianza País ha introducido para crear un monstruo totalitario que somete a los ciudadanos.

Los resultados electorales son necesarios pero no suficientes. La perpetuación del modelo político de Alianza País, en manos de izquierdas, derechas o populistas sería nefasta para el futuro. Un sistema diseñado para servir a un caudillo, con poderes políticos totales y cero control, resultaría tentador para cualquier gobernante que accediera al poder en una hipotética era poscorrea; es vital e inaplazable, por lo tanto, pensar en una reforma drástica del modelo. Ello supone un programa político concertado para reestructurar y democratizar las instituciones desde la Asamblea .

Dicho programa de oposición debería contemplar la reorganización radical de la recientemente “reorganizada” Función Judicial. El fallo contra El Universo y las continuas decisiones judiciales a favor de los personeros de Gobierno demuestran fehacientemente como AP instrumentaliza la justicia para fines políticos o personales. De manera lenta pero eficaz, el Gobierno sigue ocupando las cortes con jueces incondicionales que perseguirán a los opositores y profundizarán la judicialización de la política.

Es muy importante, también, sanear la CNE y ponerla en manos de vocales imparciales que sustituyan a los incondicionales de estos años, esos que perdieron toda dignidad y se prestaron para maniobras sórdidas como la destitución del Congreso en el 2007 o el bloqueo sistemático a las investigaciones relacionadas con los fondos de campaña de la revolución ciudadana.

En otro orden de cosas y en la línea de lo proclamado por los movimientos sociales, la Oposición debería trabajar en un acuerdo para derogar la Ley de Educación Superior que entregó poderes totales al Gobierno Nacional y minó la autonomía. Tal como se había denunciado, esta Ley terminó violando la Constitución al entregar todos los poderes al Senescyt y reducir al CES, verdadero regulador del sistema, a un rol inferior y mendicante. Decenas de miles de bachilleres excluidos o forzados a seguir carreras no deseadas son el resultado de la utopía delirante creada en la Senplades.

Son ejemplos de lo que debería anteceder a personas y candidaturas.