Marco Arauz

No ley mordaza, cepo

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16 de June de 2013 00:01

Es muy mal síntoma que una Ley tan importante como la de Comunicación llegue en medio de expresiones tan polarizadas. Siempre puede haber sectores perdedores y ganadores frente a una norma legal nueva, pero queda lugar para la duda razonable cuando el poder político tiene tantos motivos para cantar victoria. Y de qué modo.

Uno de los ganadores -junto con los artistas y publicistas, que se beneficiarán del concepto de la producción nacional- pudiera ser el sector comunitario, para el cual habrá la tercera parte de frecuencias. Pero si bien se habla de democratizar la comunicación, la ley más bien propende a unificar y fortalecer la voz del poder. Ya sabemos cómo el Gobierno ha usado hasta hoy los llamados medios públicos y los medios incautados, y ya hay ejemplos del criterio usado en el reparto de medios comunitarios.

En cuanto a los privados, la Ley dificultará aún más su labor periodística, creando incluso sanciones administrativas que pueden en la práctica convertirse en censura previa. No solo habrá un Consejo de Regulación, cuya integración será con órganos afines al Gobierno, sino una Superintendencia, que también estará marcada por su falta de independencia y podrá disponer la investigación de posibles delitos.

Nadie ignora que los medios que no dependen del poder han tenido serias dificultades para buscar información, pues el Gobierno inclumple sistemáticamente la llamada Ley de Transparencia. Ahora el funcionario ya no solo podrá quedarse callado para frenar una publicación, sino que contará con una serie de disposiciones para amedrentar más a periodistas y medios, así como para limitar la investigación.

No es nueva la pretensión de que los ciudadanos se conformen con información unidireccional. Es el mejor de los mundos para el poder, pero no existen las sociedades perfectas tal como éste las concibe. Tarde o temprano, las autorrendiciones de cuentas, los autoprocesos de transparencia y la propaganda sistemática en cadenas y en espacios privilegiados como las transmisiones de fútbol no resultan suficientes, más aún en un momento de alto desarrollo de las redes sociales.

Volverse regulador de un derecho universal, el de la comunicación, al convertirlo en servicio público, suena brillante, tanto como la inclusión de la responsabilidad vinculante que ya fue usada en el juicio contra el diario El Universo y anunciada por el abogado defensor del presidente Rafael Correa, como una innovación que iba a dar que hablar en el mundo jurídico.

Hoy han terminado por elaborar, no la mordaza, sino el cepo perfecto. Eso no resuelve en el largo plazo, sin embargo, la difícil ecuación entre poder y ciudadanía, incluso si ésta sufre de adormecimiento por comodidad o miedo. Hasta tanto, y pese a que los dados están cargados, es muy pronto para cantar victoria o para bajar los brazos.