Mariano Rajoy, el gobernante electo de España, ya dijo que se reunirá cuanto antes con todas las fuerzas parlamentarias del país para buscar puntos de coincidencia que les permita salir pronto de la crisis. Pero hará una excepción: no dialogará con Amaiur, una formación política que representa a ETA, la agrupación terrorista que es, según sus documentos fundacionales, una organización comunista inspirada en el marxismo-leninismo.
Era predecible. Desde 1975, cuando la Banda acelera su cadena de crímenes, secuestros y extorsiones, a la fecha de hoy, asesinó a 864 personas, entre ellas numerosos niños y mujeres. Personas inocentes que volaron en pedazos al pasar por donde los terroristas detonaban sus bombas. El 95% de las víctimas fueron liquidadas durante la etapa democrática de España.
A estas víctimas directas deben agregarse los miles de españoles, casi todos vascos, que pagaron a los etarras para que no los mataran, quienes abandonaron sus lugares de nacimiento para no ser exterminados. O los millares que han vivido protegidos por guardias privados o por la policía.
Amaiur –nombre de un pueblo vasco-navarro–, enfrenta un amargo dilema. De un lado ese pasado criminal al que renuncia porque la banda está derrotada, y en el otro sus casi 700 militantes presos, muchos sirviendo larguísimas condenas. ¿Cómo liberarlos? El código penal, en algunos casos, ante manifestaciones genuinas de arrepentimiento, permite ciertas medidas de gracia, pero no parece que el brazo político de ETA hará tales concesiones morales. Al contrario: exige dialogar con Francia y España para preparar la independencia de la gran patria vasca.
¿Qué hará Amaiur? Seguramente presionar al gobierno de Rajoy con manifestaciones callejeras y mediante apoyos internacionales que demanden del nuevo gobierno una amnistía para los presos. No le será difícil reclutar a los argentinos Alfredo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, o Hebe de Bonafini, la líder más vistosa (y lamentable) de las Madres de la Plaza de Mayo; a los del Socialismo del siglo XXI, como Hugo Chávez, negado a extraditar al etarra Arturo Cubillas; el presidente nicaragüense Daniel Ortega, muy cercano a los terroristas vascos desde la lucha contra Somoza durante los años setenta del siglo pasado, o el gobierno cubano, que en el 2000, en Panamá, fue el único estado iberoamericano que pública y arrogantemente rechazó suscribir una declaración internacional contra la banda terrorista.
¿Se mantendrá firme Rajoy? Creo que sí. El razonamiento prevaleciente en la sociedad española es muy simple: mientras la ETA no entregue las armas y se arrepiente y pida perdón públicamente por esa historia criminosa, es impensable la reconciliación y el olvido. Lo único honorable es la aplicación de la ley a rajatabla. Como señaló el ex presidente Aznar: “perdieron y no hay por qué negociar”.