30 de May de 2010 00:00

Lo que no se dice

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Marco Arauz Ortega

Mientras Teleamazonas era cerrado temporalmente para bloquear el acuerdo legislativo sobre la Ley de Comunicación, el Gobierno lanzaba otro regalo navideño, esta vez dirigido a los medios impresos: el 23 de diciembre del 2009 sacó al papel periódico, a los periódicos y a las revistas de la lista de bienes con tarifa cero de IVA y los gravó con el 12%.

La medida fue explicada como una decisión para eliminar un supuesto privilegio de los editores de medios impresos, pero no se dijo que la intención era dificultar su circulación, aunque al forzarlos a establecer un precio mayor para sus productos se haya perjudicado también a los lectores. No es un objetivo loable, pero el poder se siente cómodo restringiendo la libre circulación de ideas.

El Presidente ha dicho asimismo que la tarifa cero fue negociada en gobiernos anteriores para mantener el supuesto privilegio, cuando una de las razones era la gran dificultad para recaudar la parte proporcional del IVA a uno de los actores finales de la cadena de distribución, es decir los pequeños comerciantes independientes que vocean periódicos y revistas.

De hecho, hasta hoy el Servicio de Rentas Internas (SRI) no logra un sistema que desenrede la operación diaria con agentes económicos que no están acostumbrados a tributar. Una salida es que se afilien al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), pero persisten las discrepancias entre el SRI y el Gobierno, pues por un lado se intenta formalizarlos, pero por otro se los quiere enfrentar con los dueños de los medios.

A este respecto, hay que aclarar otra verdad a medias: los voceadores venden varios productos impresos a la vez, junto con confites, refrescos, tarjetas de prepago, loterías, discos, videos, entre otros. Está bien que el Gobierno formalice al sector y que le ofrezca seguridad social, pero deberá hacerlo con todos los informales y sin dedicatoria política.

El Gobierno ha sido consistente al atacar a los medios privados por varios flancos con la intención de restarles credibilidad, pero es relajado y concesivo con los llamados medios públicos -más de veinte si se suman los incautados-, que en rigor debieran llamarse oficiales.

Nada se sabe sobre sus finanzas y su público, mientras que hay un afán por demostrar que la circulación y la lectoría de los medios impresos privados han bajado, sin considerar que en los últimos años estos últimos han incorporado un gran número de lectores en sus versiones digitales. Este diario, por ejemplo, cuenta con 200 000 páginas vistas por día.

Se prepara un nuevo regalo en la Asamblea, con una Ley que se dictará por fuera de los acuerdos internacionales y de los acuerdos legislativos que no pudo o no quiso defender su Presidente. Se cumplirá así el deseo de control, con más sanciones de las que ya existen en el Código Penal, pero eso no impedirá que sigamos denunciando las verdades a medias del poder.

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